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Rumores, insinuaciones,  presiones y fuego amigo

Le urge a la Presidenta asegurar que su equipo le proporcione información certera antes de dar declaraciones.

Ana María Salazar

Durante una audiencia en el Senado de Estados Unidos funcionarios expresaron preocupación sobre la posibilidad de que el crimen organizado en México atacaría con drones a policías y otros funcionarios de seguridad pública presentes en la frontera. Estas palabras fueron plasmadas en Comité Judicial del Senado de Estados Unidos en una audiencia titulada “Protegiendo los cielos: Aplicación de la ley, drones y seguridad pública”. Es “cuestión de tiempo” aseguraron directores de “Homeland Security”, la Secretaría de Seguridad Interna, y el FBI, además de especialistas sobre la eventualidad de un ataque a funcionarios y civiles trabajando en la zona fronteriza.

Hay que recordar que desde hace años se han plasmado reportes de cómo organizaciones criminales -ahora clasificados como terroristas- han usado drones para ingresar drogas en los Estados Unidos, y aquí en México son una herramienta fundamental para atacar al Ejército, Guardia Nacional y pobladores lanzando explosivos. Durante la audiencia se compartió información específica sobre esta amenaza: Funcionarios estadounidenses han detectado por lo menos 27,000 drones a menos de 500 metros de la frontera, con el agravante de que la mayoría de estas operaciones ocurrieron durante la noche o a altitudes restringidas. El funcionario de Homeland Security proporcionó información de que facciones del Cártel de Sinaloa han usado drones para lanzar explosivos como parte del enfrentamiento que tienen con otras organizaciones criminales.

Claramente las expresiones de preocupación por parte de estos funcionarios están justificadas y la información que proporcionaron no es nueva. Lo que es novedoso es que en esta misma audiencia surgió información reconociendo que México está colaborando con autoridades estadounidenses para enfrentar conjuntamente esta amenaza. Michael Torphy, jefe del programa antinarcóticos del FBI, señaló que su institución había capacitado a funcionarios y militares mexicanos sobre cómo grupos criminales han usado drones y detallando tácticas para contrarrestar el uso violento y peligroso de drones. De hecho, los participantes estadounidenses aseguraron que Estados Unidos trabajaba con las fuerzas armadas mexicanas con el envío de expertos que subrayaron las mejores prácticas para enfrentar estas organizaciones: “Les estamos entregando las mejores prácticas para que estén más seguros y puedan enfrentar la guerra contra el tráfico ilícito de manera más efectiva”.

Hay que poner en contexto las declaraciones de la Presidenta de hace algunas semanas donde ella respondió ante un reportaje de CNN que aseguraba que Estados Unidos estaba espiando a México mediante el uso de drones. Ella aseguró, ante los reportes de drones ingresando al territorio nacional por parte de la CIA, de que esta actividad no era ilegal -son parte de la cooperación binacional- aseguró la mandataria. La justificación de los sobrevuelos de estos drones sería parte de una estrategia encubierta para combatir al suministro de fentanilo.

Por eso es difícil entender cuáles eran los objetivos de Claudia Sheinbaum cuando se le pregunto sobre esta audiencia durante la conferencia mañanera, la Presidenta aseguró que no había reportes recientes de que haya drones en la frontera. Parecería que a la Presidenta no le proporcionan información detallada de las actividades de las organizaciones criminales. Pero peor todavía, no le informan las declaraciones que provienen de funcionarios de menor nivel del aparato burocrático estadounidense. Pero además que lo notable de las declaraciones fue que señalaron en una forma positiva cómo México colabora con Estados Unidos para enfrentar la amenaza de drones.

La Presidenta insiste frecuentemente sobre su estrategia de “no negociar con Donald Trump en público” ante las frecuentes declaraciones, a veces majaderas, en contra de México. Por qué responde incorrectamente ante declaraciones de funcionarios de menor nivel del Gobierno estadounidense es un misterio. Si no son declaraciones del presidente Donald Trump, la Presidenta no debe de responder. Si son mensajes de redes sociales de la Embajada de los Estados Unidos, la responsabilidad de responder por el mismo medio debe de provenir de Relaciones Exteriores o la Secretaría de Economía.

Le urge a la Presidenta asegurar que su equipo le proporcione información certera antes de dar declaraciones. En segundo término, sus asesores tienen que tener en cuenta quién está dando declaraciones y cuáles son los intereses detrás de las preguntas y presiones.

Hay muchos eventos que todavía no podemos predecir hacia el futuro. Pero lo que sí es claro de que habrá una campaña por parte de enemigos de la Presidenta y actores que usarán la desinformación y trascendidos para presionar a Sheinbaum. La regla de oro de la Presidenta debería ser: No responder a trascendidos, rumores, insinuaciones y mentiras que proviene del vecino del Norte, la oposición y de fuego amigo.

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