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Avanza la seguridad pero persisten enormes desafíos

Si se logra contener la extorsión, muchas comunidades podrán recuperar condiciones mínimas de convivencia, inversión y tranquilidad.

Eduardo Ruiz-Healy

EDUARDO RUIZ-HEALY

En la Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum se presentaron ayer los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad hasta el mes de junio. Entre ellos destaca la reducción del 24.5 % en el promedio diario de homicidios dolosos, de 83.5 en septiembre de 2024 a 70.5 en junio de 2025. 25 de las 32 entidades lograron disminuir ese promedio entre el primer semestre de 2024 y el de 2025. El mensaje general es evidente: La tendencia empezó a revertirse desde el 1 de octubre pasado.

Pero los datos por Estado del primer semestre obligan a matizar el entusiasmo. Guanajuato sigue en primer lugar con 1,606 homicidios, seguido por Baja California (910), Sinaloa (893), Chihuahua (887), Estado de México (861) y Guerrero (736). En contraste, Yucatán (12), Durango (28) y Coahuila (40) reportan los niveles más bajos.

Sin embargo, la comparación entre cifras absolutas y tasas por habitante muestra con mayor claridad dónde hay más riesgo. Mientras el Estado de México y la Ciudad de México aparecen con números totales escandalosos -861 y 446 homicidios-, sus tasas por habitante son moderadas: 4.83 y 4.74. En cambio, estados más pequeños como Colima, Morelos o Sonora muestran niveles de letalidad mucho más altos.

La Organización Mundial de la Salud considera que hay epidemia cuando la tasa supera los 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Diez estados mexicanos cumplen ese criterio: Sinaloa (28.34), Guanajuato (24.29), Baja California (23.88), Colima (22.82), Morelos (22.41), Chihuahua (22.41), Guerrero (21.25), Sonora (17.64), Tabasco (15.87) y Michoacán (12.33).

Estas tasas superan las de Colombia (22.0), Brasil (19.2) o el promedio nacional (19.4), y se acercan a las de países violentos como Venezuela, Honduras o Sudáfrica. En estos estados, la vida cotidiana está marcada por el miedo, la normalización del crimen y la debilidad institucional.

El Gobierno de Claudia Sheinbaum está dando señales de efectividad. La incautación de 188 toneladas de drogas, el desmantelamiento de mil 168 laboratorios, los decomisos de decenas de millones de litros de combustible robado y la detención de 25 mil 255 personas supuestamente ligadas al secuestro, la extorsión, el robo de carga, el huachicol, el tráfico de migrantes y los ciberdelitos reflejan una estrategia más articulada.

Dos días antes, el domingo 6, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, basada en la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y en el artículo 21 constitucional. Participan SSPC, Sedena, Marina, FGR, Guardia Nacional, CNI y gobiernos estatales.

Los ocho estados más afectados -Edomex, Guanajuato, Nuevo León, CDMX, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán- contarán con equipos multidisciplinarios especializados y el fortalecimiento del 089 como línea anónima para denunciar.

Ojalá esta estrategia tenga el mismo éxito que, hasta ahora, ha mostrado la que se sigue para reducir los homicidios. Para ello hay que sostener esos resultados en el tiempo, exigir corresponsabilidad a los gobiernos estatales y reducir la impunidad.

Si se logra contener la extorsión, muchas comunidades podrán recuperar condiciones mínimas de convivencia, inversión y tranquilidad. Eso también sería pacificar el País.

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