Una ciudad sin justicia
Con la reforma judicial, la 4T ha prometido que habrá una mejor justicia en el país. En la capital del país ya no es un tema de mejoría sino de existencia.

Juegos de poder
Ya van más de 20 días en que el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCM) está en huelga.
Tres semanas en que no se ha dispensado justicia en la capital del País.
Veo en el sitio de Internet de este Poder un “Acuerdo” que se publica diario donde se ordena la reprogramación de todas las actuaciones judiciales que se tenían proyectadas ese día.
Esto quiere decir que no hay audiencias, resoluciones, notificaciones, etcétera en los distintos juicios civiles, mercantiles, penales, familiares y laborales, así como en la defensa de los derechos humanos.
Voy a poner ejemplos hipotéticos, inspirados en casos reales, de cómo la falta de justicia afecta la vida cotidiana de miles de individuos en la ciudad.
Juan vive en un departamento arrendado por el que paga diez mil pesos al mes incluyendo servicios básicos. María es la propietaria quien argumenta que no se le han pagado rentas atrasadas; pretende, además, un incremento en el alquiler. Para presionarlo, María le ha cortado el servicio de agua a Juan quien ya la demandó por incumplimiento de contrato. Ella, a su vez, lo ha demandado argumentando que le debe dinero; exige su desalojo. El PJCM debería resolver este caso. Como está en huelga, este asunto civil está atorado por lo que Juan sigue sin agua y María sin recibir la renta por su inmueble.
La empresa A fabrica muebles y celebra un contrato de compraventa con la empresa B, comercializadora de estos productos. A se compromete a entregar 250 mesas de oficina a B en un plazo de 30 días, a un precio total de $500,000. B realiza el pago anticipado del 50% del monto total. Al llegar la fecha de entrega, A solo envía 140 mesas que no cumplen con la calidad acordada. B, al ver que la entrega es incompleta e insatisfactoria, se niega a pagar el resto del precio y demanda a A por incumplimiento del contrato, solicitando una indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Imposible determinar quién tiene la razón porque el PJCM está cerrado. Mientras tanto, ambas empresas pierden dinero.
En materia penal no hay juicios relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones y robos, los crímenes más comunes que se comenten en la ciudad. Por ejemplo, un individuo enmascarado ingresó a una tienda de aparatos electrónicos con un arma de fuego, amenazó al personal y sustrajo varios productos valuados en unos $300,000. La policía arrestó a Luis quien confesó el crimen en un interrogatorio policiaco. La defensa de Luis, sin embargo, argumenta que la confesión fue producto de una coerción. Después de pasar varios meses en la cárcel por la prisión preventiva oficiosa, el PJCM está a punto de liberar a Luis porque la defensa ha acreditado que fue torturado. La parte acusadora no ha presentado más pruebas que la confesión. Luis, sin embargo, sigue en la cárcel porque los tribunales capitalinos están en huelga.
Rubén y Fernanda han decidido separarse después de cinco años de matrimonio. Tienen un hijo de cuatro años, a quien ambos desean cuidar, pero tienen diferentes opiniones sobre cómo debe ser la custodia. Rubén quiere obtener la custodia total argumentando que Fernanda tiene problemas de estabilidad emocional y no puede proporcionar un entorno seguro para su hijo. Fernanda, por su parte, desea una custodia compartida, afirmando que ha sido una madre responsable y que es importante que el niño mantenga una relación cercana con ambos padres. Mientras se decide el caso, Rubén no le permite ver a Fernanda a su hijo. Como el Poder Judicial no está trabajando, es imposible determinar quién tiene la custodia del menor y definir un régimen de visitas. La pareja está cada vez más peleada y el niño sufre porque no ve a su mamá.
Elvira es dependiente en una empresa desde hace ocho años. Un día, su jefe la despide verbalmente, alegando que su desempeño no ha sido satisfactorio, aunque nunca se le había emitido una advertencia formal ni se le había dado la oportunidad de mejorar su rendimiento. Elvira considera su despido injustificado. Presenta una demanda laboral solicitando la reinstalación en su puesto y el pago de salarios caídos desde la fecha de su despido, así como la indemnización correspondiente. La empresa responde argumentando que el despido fue justificado. El PJCM no puede resolverlo porque está en huelga. Elvira, mientras tanto, sigue sin trabajo y con la incertidumbre de cuál será su futuro laboral.
Con la reforma judicial, la 4T ha prometido que habrá una mejor justicia en el país. En la capital del país ya no es un tema de mejoría sino de existencia. El Poder Judicial está cerrado. Ni eso han podido resolver. Y ya van tres semanas.
Leo Zuckermann
X: @leozuckermann
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