Urge un Observatorio Judicial Ciudadano

Ana María Salazar

Muchísimas felicidades Andrés Manuel López Obrador y presidenta Claudia Sheinbaum. Un especial reconocimiento al partido Morena por su capacidad de movilizar suficientemente la población que tenía poco interés en participar en las elecciones de ministros, magistrados y jueces. Y aunque sólo votó 13% de la población (menos si consideramos el número de votos anulados) aseguraron que Todos sus candidatos plasmados en los afamados acordeones fueron electos.

Por ahora los únicos pesos y contrapesos para mitigar el poder del Ejecutivo, es la división interna dentro de Morena, y todo indica que continuará y aumentará enfrentamiento dentro del partido. Hay que preguntarse cuándo iniciarán en serio los sabotajes políticos dentro del partido.

El control político monopólico está consumado y ahora en adelante todo lo bueno y malo será responsabilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no podrán culpar al neoliberalismo de lo que serán varios años caóticos, posiblemente una década, para que pueda eventualmente regresar una normalidad en la vida democrática del País y vuelvan a funcionar el sector justicia.

Por eso las elecciones de jueces, con la burda injerencia política de Morena y con una mínima participación de la población, deja una interrogante de como se definirá la democracia mexicana hacia el futuro. En los últimos 40 años, sociedad civil y partidos de oposición (incluyendo en México) tenían como objetivo principal asegurar la independencia judicial, además de mejorar la eficiencia y capacidad de los juzgadores.

Sin independencia judicial no hay democracia. Sin independencia judicial, no hay credibilidad en la impartición de justicia. Y si no hay credibilidad, entonces los gobiernos, las empresas, las comunidades y las personas, buscarán otras formas de obtener justicia.

Por eso es importante analizar el impacto que tendrá en la vida democrática, empresarial y personal la desaparición de uno de los contrapesos más importantes, aunque ineficientes, que era la rama judicial.

Lo que más preocupa de la politización y la desaparición de la independencia judicial es cómo deja a los ciudadanos indefensos ante las arbitrariedades del Gobierno federal y estatales. Con estas reformas constitucionales, se corre el riesgo de que, en lugar de impartir justicia, los jueces se vuelvan los abogados y defensores de los intereses del Gobierno y del partido oficial. La Comisión Nacional de los ciudadanos y ahora se dedica a cuidar los intereses del Gobierno.

Pero el problema más inmediato que enfrenta la mayoría de los ciudadanos es la disfuncionalidad inmediata que seguramente surgirá cuando se ejecuta una reforma judicial a nivel nacional y con el perfil político de los candidatos que ahora serán ministros, magistrados y jueces. Y para aquellos lectores que argumentan que el sistema de justicia ya era ineficiente y corrupta, yo les respondo que la diferencia ahora es que además será inexistente y corrupta.

En los últimos 40 años, tuve la oportunidad de participar en diferentes procesos de reformas al sistema de justicia, en diferentes partes del mundo, cuyo objetivo era asegurar la transparencia (por ende, ayudar a reducir la corrupción), la eficiencia y la independencia de jueces. Las reformas constitucionales y la elección judicial parecerían no tener estas tres características como objetivos. De hecho, no es claro cuál es el objetivo de la elección de jueces.

Hay varias lecciones hemos aprendido de los múltiples intentos de reformar el sistema de justicia alrededor del mundo, entre ellas es asegurar suficientes recursos para capacitación e infraestructura de los nuevos jueces. También importa que los salarios y los beneficios de los jueces y funcionarios sean competitivos y aseguren que puedan vivir un estilo de vida digna. También urgente es la supervisión de actores externos a la rama judicial.

Ya sabemos que esa supervisión no provendrá del Ejecutivo, y hay dudas de qué tanta supervisión habrá desde el mismo sector, y sabemos que la oposición política es inexistente y corrupta. Lo que queda es la debilitada sociedad civil. Urge la creación de un “Observatorio Ciudadano Judicial” con el mandato ciudadano de estudiar y publicar los perfiles, estilo de vidas, análisis de decisiones, estadísticas de la cantidad de resolución, cuantas horas trabajan, posibles conflictos de intereses, recursos o estilos de vida que podría indicar corrupción y si es necesario exigir una investigación.

Seguramente muchos pensarán que ante el monopolio del poder que tiene Morena, la sociedad civil nacional e internacional tendrá poca injerencia en el desarrollo de este experimento, perdón reformas. Pero este proceso de implementación durará años, que requerirá documentar el desastre para eventualmente ejercer nuevas reformas para lentamente guiar al sector justicia a ser independiente, transparente, eficiente y con credibilidad. Pero esto tardará años… posiblemente una década.