La CNTE, el momento de la política

REHILETE

Hoy viene al caso el recuerdo de una entrevista que vi en televisión hace algunos años, cuando maestros de la CNTE marchaban para protestar por la reforma educativa de Enrique Peña Nieto.

El reportero de la televisora, obsequioso con el Gobierno, trató de ridiculizar lo que intentaban defender los profesores con un interrogatorio que parecía demoledor: ¿No le resulta deshonesto que ustedes se hereden las plazas en las escuelas entre familiares sean o no buenos maestros? ¿Usted cree que eso es lo mejor para la formación de las nuevas generaciones? ¿Eso es lo que ustedes están defendiendo? Pues sí joven, respondió palabras más palabras menos una de las marchistas, es cierto que eso es lo que estamos defendiendo, porque el Gobierno quiere quitarlo. Pero mire, nosotros venimos de Oaxaca y nos preguntamos ¿por qué los gobernadores si pueden dejar la plaza a su hijo y nosotros no?

No es fácil mantener la simpatía, o al menos la comprensión, de los motivos de los enjundiosos marchistas de la CNTE tras varios días de desquiciamiento de la movilidad en la Ciudad de México. Pero es cierto que muchas de sus reivindicaciones son de peso, considerando el largo rezago en remuneraciones, incluso comparadas con otros sectores de la burocracia.

Según cifras del Gobierno federal los profesores de primaria de la SEP, en el tercer trimestre de 2024 percibían en promedio 7,900 pesos mensuales por una jornada laboral equivalente a 22 horas semanales.

El ingreso promedio de un asalariado inscrito en el IMSS supera los 17 mil pesos mensuales, más del doble. En algunas entidades existen complementos de sueldo que pueden mejorar en 3 ó 4 mil pesos adicionales el ingreso de los profesores.

Como se sabe, los maestros afiliados a la CNTE corresponden a las regiones más modestas en Michoacán, Guerrero y Oaxaca sobre todo (no confundir con el resto del SNTE, por el momento al margen de este conflicto).

Y si sus ingresos actuales dejan mucho que desear, sus futuras jubilaciones pintan aun peor, sometidos como están a la reforma del Issste de 2007, introducida durante el Gobierno de Felipe Calderón, mediante la cual se pasó de un sistema solidario (en el que los trabajadores activos pagan las pensiones de los jubilados) a uno de cuentas individuales en las Afores en el que las pensiones se pagan a partir de lo que haya ahorrado el trabajador durante su vida laboral.

Un sistema similar al que se había introducido para el IMSSS con Ernesto Zedillo 10 años antes. La derogación de este modelo es la principal razón de la protesta de los maestros hoy en día. La queja, pues, es comprensible.

El problema es que resolverlo es imposible. El Estado mexicano no tiene la capacidad económica para soportar el impacto que significaría la derogación de las reformas de Zedillo y la de Calderón. Al menos no de manera categórica. Es decir, no hay posibilidad de asegurar por el resto de la vida de cada mexicano que se jubile, un ingreso mensual similar al del último mes elaborado (más futuros ajustes por la inflación).

Claudia Sheinbaum entiende que otorgar esta concesión a los maestros, provocaría la inmediata exigencia de otros sectores de la burocracia y, a la postre, de todos los sindicalizados, sean o no del sector público.

La carga de pensiones dinamitaría las finanzas públicas por el crecimiento exponencial que supone el envejecimiento de la población. Particularmente, además, porque otra de las exigencias es recorrer a una edad más temprana el momento de la jubilación. A la larga es un reto económico insalvable, en lo inmediato es un reto político enorme. Una amenaza para el Gobierno de Sheinbaum porque se le presenta por su flanco izquierdo.

La popularidad de la 4T reside en gran medida en mantener la premisa de constituir un Gobierno en favor de las causas de los sectores dejados atrás. En este pulso entre la dirigencia de la CNTE y el Gobierno federal llama la atención la belicosidad de los maestros, considerando los oídos favorables que podrían encontrar en Palacio Nacional.

Se entendía que sus primeras movilizaciones buscaban abrir boca con un sentido de urgencia y de determinación. Pero, en efecto, extraña la “rudeza innecesaria” para paralizar la Ciudad de México aun cuando ya estaba fijada la fecha para la primera reunión entre la Presidenta y los maestros. Una exhibición de músculo injusta y gratuita, con cargo a la molestia de millones de ciudadanos.

Al suspender la cita del viernes pasado, como respuesta a esa rudeza innecesaria, la Presidenta incrementa la apuesta. Si le sale bien eso llevará a una mesa de negociación más realista, en el sentido de que los maestros entiendan que la autoridad no está dispuesta a ser un rehén pasivo frente a la presión unilateral.

Por el contrario, si sale mal, el magisterio podría subir la apuesta incrementando la presión al intentar hacer la vida de la capital imposible para los ciudadanos.

Es una vía riesgosa para ambas partes. Para los maestros porque terminarán cada vez más aislados y eventualmente repudiados por el daño causado a diestra y siniestra; y, por lo demás, corren el riesgo de que la violencia de sus intervenciones y afectaciones deriven en prácticas ilegales según la legislación vigente.

Para la autoridad también es un enfrentamiento destructivo porque la molestia ciudadana por los daños no sólo responsabilizará a los maestros sino también a la autoridad que los permite. Y, por lo demás, siempre cabe el riesgo de que los maestros tengan éxito en su propósito de atraer a otras ramas del sector laboral resentidas con el actual sistema de pensiones.

El tema de fondo es la reforma de la ley de jubilación del Issste. Si los maestros están utilizando esta exigencia como un recurso para negociar de manera favorable otras prestaciones, el asunto es “tramitable”. Pero si su propósito indeclinable es la reinstalación del antiguo sistema de pensiones, el problema es mucho más serio.

Un Gobierno responsable no puede aceptar un compromiso que resulta insostenible económicamente, sólo para quitarse de encima un problema inmediato. Si lo va a hacer necesitará replantear a fondo las finanzas públicas, con reforma fiscal incluida.

Por otro lado, rechazarlos de manera rotunda tampoco es opción porque un Gobierno democrático no puede responder con mano dura a trabajadores con exigencias legítimas, aun cuando no sea posible concederlas o se expresen de manera inadmisible. Es el momento de la política.

Jorge Zepeda Patterson es economista y sociólogo.