Hay masacres, no incineración

El Rancho Izaguirre no fue un centro de exterminio como lo aseguraron colectivos de familias buscadoras quienes habían ingresado al recinto hace unas semanas desatando un escándalo nacional e internacional. Esta afirmación fue hecha esta semana por el ermitaño fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, en una extraña conferencia de prensa, donde proporcionó relativamente poca información -más allá de asegurar que no había indicios de que en Teuchitlán, Jalisco, había un campo de exterminio.

Obviamente este anuncio enfureció a los colectivos de los desaparecidos, quienes se sintieron traicionados, no solamente por la Fiscalía sino también por Claudia Sheinbaum. En las últimas semanas el Gobierno de México había hecho un acercamiento importante con las familias de las víctimas poniendo fin a la estrategia de “abrazos y no balazos” que parecía incluir denigrar a los familiares de las víctimas de desapariciones en el País quienes el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de ser parte de la oposición.

Obviamente, la acusación de que en México existen centros de exterminio había producido ronchas y una fuerte reacción y urgía que un funcionario saliera a asegurar y a contrarrestar esas acusaciones por parte de las familias buscadoras.

Hoy y tal vez, el fiscal general de la República tenía razón, hay pocas pruebas que comprueben jurídicamente que se estaban incinerando reclutas en ese rancho. Pero tampoco pudo negar Gertz Manero que en ese rancho se asesinaban personas.

Es un tema de semántica, pero en la Presidencia producía urticaria los titulares en México y el alrededor del mundo subrayando que en México había campos de exterminio y se requería urgentemente que alguien contradijera esa narrativa. Es por eso la conferencia de prensa de Gertz que proporcionó poca información excepto, asegurar que, por lo menos en el caso del Rancho Izaguirre no hay campos de exterminio ni se habían incinerado personas. La urgencia de las declaraciones tenía como objetivo, salvar temporalmente la imagen del País ante la comunidad internacional.

Ante las declaraciones del fiscal general, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, inmediatamente declaró que él ya sabía que era un centro de entrenamiento, no un lugar de exterminio. Y aprovechó para criticar a los medios de comunicación por no investigar bien la información y hallazgos proporcionada por las familias buscadoras.

Seguramente la pregunta que tendrán las familias buscadoras si hay voluntad política por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de realmente enfrentar la tragedia de las desapariciones en México. O, como al igual que su predecesor la Presidenta buscará minimizar el impacto de las desapariciones en el País cuestionando o escondiendo los datos duros que hay sobre este fenómeno. Y, sobre todo, tratar de nuevo “desaparecer a los desaparecidos” especialmente ante las coyunturas que habrá el año entrante: Renegociación del T-MEC y el mundial de futbol.

Seguramente habrá cuestionamientos en la negociación de los Tratado de Libre Comercio, y la viabilidad de llevar a cabo el mundial en el País ante el fenómeno de la violencia y de los desaparecidos.

Hay que reconocer que el fiscal Gertz Manero sí proporcionó algunos datos interesantes y frustrantes en su conferencia de prensa: Desde el 2021 la FGR tenía indicios de que, en esa región de Jalisco, particularmente el Rancho Izaguirre había reclutamiento forzado y asesinatos con la probable participación de funcionarios locales que podrían estar coludidos con las organizaciones criminales de la región.

Tenían muy poca información, casi nada del número de personas que habían sido reclutadas forzosamente en la región, cuántas personas habían sido asesinadas, cuántas de estas personas habían sido reportadas como desaparecidas, y cuántos individuos o cuántos funcionarios locales podrían estar involucrados en estas en estas actividades. También ofreció trabajar en una forma más cercana con las familias de los desaparecidos, aunque no plasmó una estrategia concreta a largo plazo.

Aseguró varias veces que había limitantes al papel de la fiscalía en materia de desapariciones: “Por mandato constitucional no puede realizar pesquisas. Las funciones de investigación para la prevención del delito o para presentar denuncias les corresponden a las autoridades de prevención del delito”. También en la conferencia de prensa se balconeó la falta de coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y Secretaría de Gobernación.

Urge no sólo legislación que permita más apoyo a las familias de las víctimas, sino urgentemente se requiere un proceso de coordinación con requerimientos de reportar mensualmente los números y los resultados contener las organizaciones que reclutan ilegalmente y desaparecen. Alguien tiene queser el responsable político. Y esta persona claramente no puede ser el fiscal Gertz Manero

Ana María Salazar es analista política y experta en temas de seguridad.