Gertz vs. Guerreros Buscadores: Dos verdades enfrentadas

El fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero confirmó el martes que el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, funcionó como centro de reclutamiento, adiestramiento y operación del Cártel Jalisco Nueva Generación. Dijo que hay pruebas confesionales, testimoniales y documentales y policías detenidos y procesados. Reconoció omisiones graves porque desde 2021 había reportes sobre actividades criminales en ese lugar, ignorados por el Gobierno de Jalisco que entonces encabezaba el emecista Enrique Alfaro y la fiscalía de ese Estado que conducía Luis Joaquín Méndez.

Gertz descartó que el sitio fuera un crematorio porque no hay evidencia de incineraciones masivas. Señaló que lo único hallado fue una pequeña vasija con fragmentos óseos, pero nunca precisó si eran humanos. Sólo dijo que estaban siendo analizados, que su tamaño complica la identificación y que aún no se determina su antigüedad. Llama la atención que, durante toda la conferencia ningún reportero haya preguntado directamente si los restos eran humanos.

Sin embargo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco sostiene que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene registrados 17 lotes de restos óseos humanos calcinados, recuperados del Rancho Izaguirre por personal forense estatal, que están catalogados en el Sistema Informático de Administración de Evidencia Forense que organiza evidencias por tipo anatómico y zona de hallazgo. Aportó además imágenes satelitales que muestran humo negro sostenido saliendo del rancho que, a su juicio, es prueba de la quema de cuerpos con combustibles.

Gertz dio otro dato inquietante: En septiembre de 2024, durante inspecciones realizadas por la Guardia Nacional, no se observó ropa alguna. Pero en marzo pasado, las madres buscadoras encontraron prendas, zapatos y mochilas. El fiscal reconoció que bolsas con ropa fueron manipuladas por autoridades de Jalisco, almacenadas sin análisis y devueltas sin peritaje. Hoy están siendo revisadas por la FGR.

También dejó entrever que el mal manejo del caso podría involucrar a altos mandos estatales. Señaló que la operación inicial fue realizada por la Guardia Nacional, pero que la Fiscalía de Jalisco nunca notificó a la FGR. Agregó que el ex fiscal estatal Luis Joaquín Méndez Ruiz podría ser responsable de irregularidades. También deben ser investigadas las omisiones del actual fiscal Salvador González de los Santos.

La presidenta Claudia Sheinbaum, al ser cuestionada ayer el asunto, pidió a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reunirse nuevamente con las buscadoras y reiteró que su Gobierno estará siempre del lado de las víctimas. Dijo que lo importante es que la verdad salga a la luz, sin contradicciones ni zonas grises.

Pero ese es precisamente el problema: En México ya nadie confía en las versiones oficiales. Desde que en enero de 2015 el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, decretó la “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa -esa que después se demostró falsa-, cada intento de cerrar un caso sin respuestas sólidas genera más sospechas que certezas. El Rancho Izaguirre no puede convertirse en otro expediente maquillado porque, aunque la FGR sea independiente, la credibilidad de Claudia Sheinbaum está en juego.

Eduardo Ruiz-Healy

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