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La riesgosa reforma judicial de AMLO debe modificarse o, de plano, desecharse

La propuesta de AMLO, atractiva para millones de personas hartas de la corrupción de muchos juzgadores federales y estatales, no resolverá el problema.

Eduardo Ruiz-Healy

“… sólo con la participación de la gente, con la democracia, con el método democrático, eligiendo jueces, que el pueblo elija abogados íntegros, incorruptibles, con vocación de justicia, sólo así vamos a poder avanzar…”, dijo el 12 de febrero pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador al referirse a la reforma del Poder Judicial que sometió días antes al Congreso.

Entre otras cosas, la reforma establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los jueces y magistrados de los 32 circuitos del Poder Judicial Federal serán elegidos por voto popular. De aprobarse, en 2025 habrá una elección extraordinaria con 30 candidatos para nueve cargos de ministros de la SCJN (la reforma reduce su número de 11 a nueve) y seis candidatos por cada uno de los 1,635 cargos de magistrados y jueces. Para los ministros, el Presidente propondrá 10 candidatos, la Cámara de Diputados cinco, el Senado cinco, y la SCJN 10. Para los magistrados y jueces, cada Poder (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) propondrá dos candidatos por cargo.

Durante el periodo de sus campañas, los candidatos a ministro de la SCJN podrán tener acceso igualitario a radio y televisión para exponer sus propuestas y participar en debates organizados por el organismo electoral, pero no podrán contratar espacios en medios para promocionarse y los partidos políticos no podrán promover a algún candidato. ¿Cómo podrá la autoridad electoral prevenir ambas cosas?

Que en 2025 los mexicanos de 18 o más años probablemente elijamos a nueve ministros de entre 30 candidatos no parece ser muy complicado. Pero lo que sí será extremadamente difícil será elegir a magistrados y jueces porque tendremos que escoger de entre 9,810 candidatos (seis para cada uno de los 1,635 cargos).

Sólo en el 1er Circuito, que corresponde a la CDMX, se elegirán 150 magistrados y 101 jueces de entre 1,506 candidatos (900 para el primer cargo y 606 para el segundo). ¿Cómo podremos conocerlos si la reforma sólo contempla que los candidatos a ministro de la SCJN aparezcan en radio y TV y participen en debates? ¿Cómo podremos saber quiénes son los mejor calificados? ¿Qué tipo de boleta de votación se diseñará para que aparezcan todos los nombres de manera legible?

En el circuito más pequeño, que es el 32º en Colima, habría 78 candidatos, 36 para magistrados y 42 para jueces.

La propuesta de AMLO, atractiva para millones de personas hartas de la corrupción de muchos juzgadores federales y estatales, no resolverá el problema. Además de ser poco práctica y costosa, trae riesgos significativos: Politización del Poder Judicial, corrupción y favoritismo, inestabilidad e ineficiencia por alta rotación. Además, puede aumentar la desconfianza pública por la percepción de parcialidad, falta de diversidad e inclusión, y afectar el desempeño judicial al enfocarse en popularidad y resultados a corto plazo.

Por ello, es buena la sugerencia de la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum de convocar a un gran debate nacional en torno a esta propuesta antes de que sea aprobada. Puede y debe modificarse o, de plano, desecharse y sustituirse por una reforma que sea práctica, viable y, sobre todo, que realmente transforme para bien al Poder Judicial.

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