Mayoría en las cámaras, ¿Legal o justo?

El perro ladra y encima le pegan al portón, diría el clásico. Justo lo que nos está pasando con lo de las plurinominales y su distribución en las cámaras. Para colmo de la crispación política y apasionada que nos aqueja, ahora somos presa de un sistema de reparto de escaños y curules cuya interpretación habrá de dividirnos aún más.

La ley es precisa, pero el resultado de su aplicación es polémico, particularmente porque está en juego la mayoría calificada o constitucional en el Poder Legislativo a favor del partido en el poder. 1.- ¿Es justo? Hay datos para todos los gustos y para todos los disgustos. Juzgue usted: Por un lado, la coalición de Morena, PVEM y PT obtuvo el 54.8% de la votación para diputados, pero gracias al reparto de plurinominales, conseguiría una proporción que supera 70% de la cámara.

En estricto sentido, el voto popular no otorgó al bando del Presidente la mayoría para hacer cambios constitucionales, sólo le dio una mayoría simple. Pero no nos precipitemos. Si eliminamos todo el esquema de las plurinominales y hacemos el cálculo a partir de los 300 distritos en los que realmente se disputó el voto de los ciudadanos, el resultado sería aún mejor para el obradorismo.

Morena, PVEM y PT ganaron en 256 distritos; es decir, habrían contado con el 85% de las curules. En la de senadores la concentración habría sido aún más abrumadora: La coalición en el poder ganó en 30 de las 32 entidades, es decir, un saldo equivalente al 93.8% del Senado. En una democracia estrictamente representativa a partir del resultado de las votaciones en el territorio, como en Estados Unidos o la mayor parte de Europa, el congreso resultante prácticamente sería de un solo color. Justamente para evitar la desaparición de las minorías en el Poder Legislativo es que se inventó el tema de las plurinominales.

Para ilustrarlo de manera más explícita supongamos que un partido gana con 60% del voto en cada uno de los 300 distritos; eso le permitiría llevarse todas las diputaciones y habría una cámara integrada exclusivamente por esa fuerza. Pero eso significaría que el 40% de los ciudadanos de cada distrito que votaron por la oposición no tendrían representación en el Poder Legislativo. La polémica está centrada, entonces, en el uso de las plurinominales como mecanismo para atenuar el peso de la fuerza dominante o, lo que es lo mismo, para asegurar una presencia real de la minoría.

Por supuesto que el mecanismo ayudó: Insisto, sin las 200 “pluris”, la 4T tendría el 85% de la Cámara de Diputados, reflejo de su triunfo en esa misma proporción de distritos en el País. En el otro extremo, si sólo hubiera diputaciones plurinominales, y no distritos ganados, Morena y sus aliados tendrían sólo 54.8% de los votos para diputados, y equivaldría a 164 curules o mayoría simple. Pero recordemos que el sistema es mixto. A medio camino entre un esquema federativo (el ganador se lleva todo en cada distrito) y uno proporcional con las pluris. En otras palabras, nunca fue pensado para que reflejara el peso exacto de la votación nacional por cada partido; sólo es un mecanismo para garantizar una presencia de las minorías.

Y esto es así porque pesa más el enfoque “federativo o territorial” con 300 diputaciones, que el enfoque redistributivo o plurinominal con 200 diputaciones. Recordemos, sin plurinominales el obradorismo gobernaría en la cámara con 85% de los distritos ganados. En el otro extremo, si sólo fueran las plurinominales tendría mera mayoría simple con apenas 54%. Como el esquema es mixto, pero con mayor peso a los distritos ganados (300 de 500), la resultante anda por encima del 70%. 2.- ¿Es legal? En esto hay menos controversia, aparentemente.

La mayoría calificada a favor de la 4T no es un asunto de interpretación sino de mera aplicación de los criterios que establece la ley inscrita en la Constitución. En ese sentido, el INE no tiene para adonde hacerse. Los 200 plurinominales tienen que ser distribuidos a razón de 40 por cada una de las cinco regiones electorales del País (circunscripciones).

El reparto corresponde al porcentaje de votación de cada partido en cada región. Si Morena obtuvo 50% de los votos en el Sureste, por ejemplo, le tocarían la mitad de esas 40 plurinominales y así sucesivamente. Alguien podría decir que es un sistema injusto para las minorías, porque Morena se llevaría esas 20 pluris además de los distritos que ganó por mayoría en el Sureste. Es decir, habría un argumento para que las 200 diputaciones adicionales sólo fueran para las minorías, pero esa posición se desploma cuando se observa que al hacerlo, en muchos casos, la segunda minoría superaría a la mayoría, lo cual traicionaría el sentido del voto popular. Por ello es que “la mayoría” también entra en el reparto de los 200 adicionales.

Pero para evitar que eso produzca un efecto contraproducente, los legisladores diseñaron un tope de 8% de límite de “sobrerrepresentación”. Después de unas cuantas pluris, la fracción mayoritaria ya no tiene derecho a más diputaciones aunque la aritmética lo indique. Eso le pasó a Morena, pero no al PVEM y al PT que captaron algunos diputados que perdió Morena. Y ese es el punto en el que ahora se encuentra la disputa. La ley contempla límites al partido mayoritario, pero la Constitución no habla de coaliciones.

La oposición exige que se interprete el espíritu y no el pie de la letra del artículo constitucional. Lo cual no deja de ser irónico porque justamente ha sido la argumentación de López Obrador respecto a muchas decisiones de los jueces: El reclamo de que se delibere en términos de lo que es justo, no simplemente de lo que es legal formalmente. Francamente se ve difícil que el INE o el Tribunal Federal apliquen un criterio distinto al que contempla la ley. Y tampoco va a suceder que una fuerza política, en este caso el obradorismo, acceda a renunciar a su ganancia legal en aras del espíritu de la ley.

Habría que seguir insistiendo en que el verdadero contrapeso a las tentaciones del autoritarismo es la realidad misma, la interdependencia en la que se encuentra México (peso de mercados, fondos de inversión, diversidad social, lógicas de crecimiento) y el sentido de responsabilidad de los mandatarios para garantizar la estabilidad política, económica y financiera. Confío mucho más en eso que en el desempeño de los diputados, sean obradoristas o de la oposición. Pero esa es otra historia.

Jorge Zepeda Patterson es economista y sociólogo.