La iniciativa de reforma al Infonavit es un potencial revulsivo

Me llevé una grata sorpresa hace unas semanas al visitar una planta industrial en Hermosillo. Su administrador se mostraba preocupado por la crisis de vivienda que hay en Hermosillo, en Sonora, y en México en general. Veía con buenos ojos que el Estado interviniera para aumentar la oferta. No era cuestión de caridad, menos de simpatía con la 4T. Razonaba como empresario: Hogares hacinados o distantes de la fábrica significan más gasto (por ejemplo, en transporte laboral privado), más rotación de personal, menos disponibilidad de candidatos a entrevistar, menos productividad y en el acumulado menos utilidades. Un pierde-pierde individual y colectivo.

¿Cómo llegamos a un callejón de difícil salida? La política de vivienda en México ha sido una montaña rusa tendiente al averío constante. Su historia es difícil de condensar. Pero uno de los mayores yerros se dio en tiempos de Vicente Fox, cuando despegaron los subsidios a privados para la construcción de vivienda alejada de polos laborales, se descuidó la vivienda vertical, se deterioró la calidad y se despreció la oferta y regulación de alquileres. En pocas palabras, el Gobierno otorgó en su totalidad al mercado y sus caprichos la provisión de vivienda, con resultados funestos. México es hoy el país con la tasa de abandono más alta en la OCDE, hay pocas y caras opciones de renta y el modelo heredado induce la expansión horizontal urbana: Todo mal.

Sonora no se queda atrás, en otra escala. La Comisión Estatal de Vivienda (Coves) carece de los recursos (182 mdp en 2024), las facultades y la voluntad política para lograr grandes cambios. Buena parte de su limitado parque termina en nómina. Al enfocarse en paliar el hacinamiento y los déficits de calidad en zonas rurales (con ampliaciones o pisos de cemento, en esencia), la Comisión va a contracorriente: La migración campo-ciudad queda desatendida y, al no producir en serie, pierde eficiencia por escala. Una pistolita de aire para un problema que demanda bazucas.

El derecho a la vivienda ha sido letra muerta en México, y reconocer el grave problema es condición necesaria para su superación. Por eso, celebré cuando se presentó en días recientes una iniciativa de reforma que plantea un nuevo esquema de construcción y acceso a la vivienda mediante modificaciones constitucionales al Instituto Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). A grandes rasgos, el giro se financiaría con parte del ahorro de hasta 800 mil mdp en cuotas de los trabajadores del sector privado, ocioso por una mezcla de desconocimiento del derecho, falta de opciones de vivienda, barreras para los jóvenes sin estabilidad laboral y precios de compra prohibitivos sin alternativas de alquiler.

La iniciativa propone que los trabajadores inscritos al Instituto pagarían durante un tiempo el 30% del costo comercial de una renta y posteriormente podrían adquirir la vivienda a precios justos; el Infonavit tomaría en cuenta los pagos dados durante el arrendamiento. Sin exagerar, se trata de un potencial revulsivo para la oferta de vivienda en México. La enorme cartera disponible podría activar miles de millones para la construcción de nueva y mejor vivienda, en especial para los jóvenes. Sonora, con su elevada población rural y la migración a ciudades extremadamente horizontales, podría ser de las entidades más beneficiadas.

Que esta iniciativa virtuosa vea la luz dependerá de la opositodo. Si en verdad quieren Lilly Téllez (PAN) y Manlio Fabio Beltrones (PRI) ayudar a su Estado natal a pesar de hoy deshabitarlo, harían bien en anunciar cuanto antes que apoyan y votarán esta iniciativa tan pronto pisen el Senado. No sólo estarán vigilantes los miles de jóvenes sin opciones de vivienda nueva, sino también los empresarios preocupados por los costos indirectos que implica tener trabajadores hacinados y alejados de los polos laborales. A la vivienda y al País en general le caerían bien menos grillas y más sustancia programática. A estar pendientes.