Fuera gringos

La relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos es única en el mundo, no sólo por la extensión de la frontera, y por la complejidad de los temas de seguridad que van desde terrorismo, crimen organizado, tráfico de estupefacientes, robo de niños, trata de personas, tráfico de armas, lavado de dinero, robo de automóviles, asesinatos pasionales, tráfico de mercancía, material radioactivo, animales exóticos y reliquias religiosas, secuestros, protección de infraestructura crítica, combate a la corrupción, piratería, etcétera.

Pero también, a diferencia de otras regiones del mundo, el tema de seguridad y justicia no es monopolio de los gobiernos centrales, sino hay vasos comunicantes directos, a todos los niveles: Gobierno federal, gobernadores, alcaldes, legisladores federales y estatales, intercambio con universidades, sector empresarial, religioso, y cultural.

Los que redactaron las reformas a la Ley de Seguridad Nacional, buscando controlar las actividades de “agentes extranjeros”, no tienen ni idea, de la profundidad y la complejidad de la relación bilateral, y la comunicación e intercambio de información que sucede a diario, entre ambos países.

Lo que sí es obvio y contundente es que esta legislación pondrá alto a la cooperación, capacitación, asistencia en recursos e intercambio de información en materia de seguridad, que caracteriza la relación bilateral entre ambos países.

Básicamente la ley exige que cualquier interacción (ya sea presencial, telefónica, celular, cartas, correos electrónicos, WhatsApp, Zoom, Hangout-cualquier tipo de comunicación electrónica) requiere pedir permiso con anterioridad, tiene que ser aprobado por Relaciones Exteriores y la Secretaría de Seguridad , quienes deben de tener representantes presentes de ambas dependencias en cualquier interacción con un “agente extranjero”.

Adicionalmente, funcionarios mexicanos, siempre deberán enviar en menos de tres días, un reporte donde se plasmará lo que se discutió y la información que se compartió. Tres días. Estos requerimientos aplican con todos los funcionarios mexicanos, desde el Gobierno federal, estatal, municipal, universidades, entes autónomos (Fiscalía General de la República). De no cumplirse con lo que establece la ley, enfrentarán consecuencias administrativas y penales.

No hay suficientes papeles para escribir, computadoras o tiempo para redactar o gavetas para guardar las montañas de reportes que exige esta propuesta. No hay suficientes personales en SRE y SSPC para asegurar la presencia en reuniones con “agentes extranjeros” ni los viáticos para viajar.

En México, a diario habrá decenas y decenas, tal vez cientos, de comunicaciones electrónicas, conversaciones, y reuniones entre funcionarios y “agentes” del Gobierno de los Estados Unidos, y funcionarios del Gobierno federal, estatal, municipal, además de universidades públicas, y la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

Imagínense que un fiscal estatal tenga que pedir permiso para chatear por Telegram o un email con su contraparte en California para coordinar una capacitación. Los funcionarios de la Unidad de Inteligencia Financiera tendrán que reportar cada conversación telefónica con funcionarios del Departamento del Tesoro, y no olvidemos el memorándum que se tendrá que enviar en tres días.

¿Podrá SRE y SSPC estar presente en una reunión de emergencia, convocado por Guardia Nacional con entre agentes migratorios estadounidenses, para detallar información sobre rutas de la siguiente caravana migratoria? ¿Permitirá la FGR o las fiscalías estatales tener presentes un representante de SRE y SSPC en reuniones donde se coordina con el Departamento de Justicia sobre futuras extradiciones? ¿Van a sancionar a un Gobernador que se atreva a reunirse, sin pedir permiso, con el FBI, para hablar sobre algún secuestro en su entidad? ¿Y si el alcalde decide no enviar su reporte dentro de los siguientes tres días que establece la ley? Que va a pasar con el rector de una universidad pública que no pida permiso para hablar sobre programas de capacitación para fiscales o policías?¿Si un alcalde, desesperada por la falta de recursos, recibe capacitación y tecnología de una de las agencias estadounidenses, la sancionarán penalmente por no informar en tres días del email que envió? ¿Se va a sancionar a comandantes que chatean con los encargados de la seguridad de las embajadas y los consulados?

Estos son pocos ejemplos de la comunicación diaria que existe entre ambos países. Así como está escrita, la ley es inoperante y está redactada para básicamente terminar con la cooperación en materia de seguridad.

Como herramienta de negociación y para enviar un mensaje a la nueva administración de Joe Biden, la ley es poderosa, pero limita nuevos acuerdos. El mensaje que se va a interpretar es que la estrategia de “abrazos y no balazos” incluye terminar la cooperación bilateral en materia de justicia, y formalmente se concluye la persecución de delincuentes que impactan la seguridad en ambos países. Obviamente esto es una decisión soberana de México, pero no se debe subestimar los costos políticos, y económicos.