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¿Pisara la cárcel Peña Nieto?

Lo denunciado por Lozoya involucra la campaña presidencial de 2012, la celebración de contratos multimillonarios y la aprobación de reformas estructurales intervenidas con sobornos a legisladores.

¿Pisará o no Enrique Peña Nieto, ex presidente de México, la cárcel? ¿Y Calderón? Las preguntas flotan en el ambiente desde el momento mismo en que el fiscal general de la República anunció que Emilio Lozoya había presentado, la mañana del martes, una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República.

El doctor Alejandro Gertz Manero describió el conjunto de conductas ilícitas y corruptelas en las que habría participado Lozoya Austin, como un subordinado que recibía órdenes de quien fuera Presidente de México y su secretario de Hacienda.

Lo denunciado por Lozoya involucra la campaña presidencial de 2012, la celebración de contratos multimillonarios y la aprobación de reformas estructurales intervenidas con sobornos a legisladores.

El debate se abrió. Sobre los delitos aludidos el fiscal general salió al paso al señalar que si estuvieran prescritos no se hubiera obtenido la orden de aprehensión y no hubiera prosperado la extradición de Lozoya a México. Suena lógico. ¿Lozoya y sus abogados se arriesgarían a perder el "criterio de oportunidad" presentando acusaciones a Peña Nieto, Videgaray y, si es el caso, a Calderón y demás involucrados sabiendo que no prosperarían por estar fuera de tiempos legales? Sería estúpido que Lozoya quisiera engañar a la Fiscalía y al Poder Judicial con acusaciones y elementos de prueba que no se sostengan, ya sea por la prescripción de delitos o porque los elementos no sean contundentes e inobjetables. Sabe que su pellejo depende de convencer a jueces y Fiscalía de que lo que está aportando, necesariamente, conducirá a cosas mayores. Esa película ya la vimos en más de una decena de países. Los que cooperaron, ofrecieron pelos y señales: Testimonios, documentos, cuentas offshore, transferencias, sobornos y todo aquello que permitió esclarecer el gigantesco caso de corrupción que inició en Brasil bautizado como Lava Jato. Es de suponerse que Lozoya haga lo mismo.

A la dimensión internacional de esta trama de corrupción y lavado, que se expandió arrastrando a políticos, empresarios y jueces en toda la región, le falta la pieza mexicana. Si se repite la historia de Brasil, Perú, Panamá y demás países involucrados, estaríamos en la antesala de la caída de una buena parte de la clase política mexicana y el procesamiento judicial de los involucrados en la creación de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, esquemas internacionales de lavado de dinero y financiamiento ilegal a campañas políticas.

La conexión México de esta trama internacional se conoce desde hace varios años gracias a investigaciones periodísticas. El nombre Emilio Lozoya apareció desde abril de 2017 en la publicación Veja de Brasil y en la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que dieron a conocer el documento elaborado por el ministro Edson Fachin, que contiene las confesiones de Luis Alberto de Meneses, representante en México de la empresa brasileña; Luiz Antonio Mameri, para América Latina y África, e Hilberto Mascarenhas Alves da Silva, responsable de la hoy famosa División de Operaciones Estructuradas, es decir, la oficina para gestionar los sobornos en un esquema corporativo de alcance internacional. Con esas declaraciones juramentadas se supo, por primera vez, que Lozoya había solicitado 5 millones de dólares a Odebrecht.

En agosto también de 2017, Alejandra Xanic e Ignacio Rodríguez Reyna, de Quinto Elemento Lab, dieron a conocer fragmentos de los videos con las declaraciones judiciales de esos tres personajes, en los cuales señalaban que, entre 2012 y 2014, Odebrecht había pagado a Emilio Lozoya 10 millones de dólares en sobornos.

Una primera parte en 2012 -en campaña- y la otra tanda de sobornos, según declararon los ejecutivos de Odebrecht, en fechas cuando Lozoya ya era director de Pemex.

Cuando los periodistas revelaron esa información, Lozoya salió de inmediato a desmentir, categóricamente y en tono amenazante. Tres años después, Lozoya no sólo acepta que hubo sobornos, obras públicas en pago, sino que hubo financiamiento ilegal a la campaña presidencial de 2012; de eso también ya teníamos noticia. Los 100 millones de los que habla Lozoya no son sino una pequeña parte de una campaña que resultó monstruosa, por los recursos ilícitos para intervención de las televisoras y demás asuntos que pusieron a Peña Nieto como presidente de México. Todo está por verse. La historia apenas empieza.

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