Lozoya en México

Cuando se lea este artículo, Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, habrá llegado ya a México de España. Con una enorme expectativa por su llegada, iniciará el proceso para acogerse al criterio de oportunidad que la ley mexicana contempla. Iniciará un proceso judicial, político y mediático que no podrá quedar a medias tintas: O es el parteaguas que muchos esperan para desatar un maxiproceso, que involucre e investigue a manera de redes los principales casos y protagonistas de la corrupción política y empresarial en México de los últimos años, o se convierte en una pifia, cuyos alcances serán limitados. Esperemos que resulte lo primero.

Prometía ya el asunto, antes de llegar el imputado a México, involucrar a otros actores políticos en una red de corrupción y sobornos que, según lo que ha trascendido, aparecerían en, por lo menos, una docena de videos con 18 horas de grabación que habrían sido tomados en diferentes momentos y lugares. Lozoya pactó la entrega de los videos en los cuales se encontrarían escenas de legisladores recibiendo dinero, algunos para financiar campañas políticas.

Las reformas estructurales, impulsadas por Peña Nieto, habrían sido aprobadas con votos de legisladores que habrían recibido esas recompensas. En las grabaciones aparecerían, además de diputados y senadores, líderes de la oposición que formaron parte del bloque que aprobó las reformas que cambiaron el rostro de la Constitución mexicana en varios temas de trascendencia. La reforma energética que se aprobó en diciembre de 2013, a gran velocidad, fue la más radical que nadie hubiera imaginado en un país como México. El ex presidente Ernesto Zedillo dijo que ni en sus "sueños más salvajes" hubiera imaginado ver, en un año, cambios constitucionales como los aprobados en México.

Si, como apunta la información, hubo cochupos, sobornos y prebendas para quienes pusieron su voto, tendrá que saberse, también, de dónde salió el dinero.

La operación política, legislativa y mediática que se desplegó para que esa reforma se aprobara incluyó una fuerte estrategia de ahorcamiento del debate público. Las redes sociales fueron intervenidas de una forma brutal para dislocar el debate sobre la reforma energética. La consultora Mesura, especializada en el desarrollo de tecnología aplicada a lo social, pudo demostrar que la conversación social fue "contaminada o distorsionada" con el uso masivo de cuentas falsas y bots. Una revisión especializada para mediciones en Twitter reveló que se habrían usado robots para multiplicar las opiniones favorables y minimizar, al máximo, las opiniones críticas y negativas. La comunicación social y una cobertura mediática que no privilegió el debate ni la discusión sobre lo que estaba en juego. El papel de la Suprema Corte también fue muy significativo para evitar que la sociedad mexicana manifestara si estaba o no de acuerdo con la reforma. No permitió que se aplicara la Ley Federal de Consulta Ciudadana para un asunto de la mayor trascendencia.

El presidente López Obrador adelanta con preguntas qué es lo que viene en camino: "¡Todo lo que se va a saber porque él era director de Pemex cuando se aprobó la reforma energética! ¿Quiénes aprobaron esa reforma?, ¿qué partidos? Ahí se los dejo de tarea. ¿Cómo la aprobaron?, ¿por qué se obtuvieron los votos?, ¿cómo se obtuvieron los votos? Esto va a ayudar mucho a esclarecer las cosas porque fue un gran engaño, un gran fraude la llamada reforma energética".

Así que lo que tendremos no sólo serán los casos relativos a corrupción política, con la entrega de sobornos y prebendas a cambio de licitaciones o asignaciones a modo en obras públicas, la parte mexicana de la trama multinacional Odebrecht y derivados, sino la compra de legisladores y otros actores políticos para modificar sustancialmente la Constitución mexicana, a cambio -según se anticipa- de viles y vulgares moches. Vayamos pensando, ¿qué tipo de delitos se configuran? ¿Qué tipo de procesos se avecinan? ¿Quiénes serán los protagonistas?