La Amnistía

Esta semana el presidente López Obrador mandó al Congreso una iniciativa de ley para conceder amnistía a personas que han sido condenadas por delitos de poca monta, o como resultado de procesos judiciales no demasiado transparentes ni imparciales. En pocas palabras se trata de revisar los casos de gente que pudo no haber tenido una defensa adecuada, o cuya sentencia pudiera parecer excesiva frente a la materia del delito que presuntamente haya cometido.

El objetivo de la ley es lograr una mayor justicia para un sector de mexicanos que fueron procesados y sentenciados, a veces con excesiva dureza, o bajo la consigna de encontrar culpables, aunque las sentencias desafiaran la lógica y las pruebas fueran poco adecuadas al suceso encausado. Hace un tiempo se castigó, con varios años de cárcel, a tres mujeres indígenas que vendían en un tianguis popular, por el delito de golpear y secuestrar a varios granaderos que las superaban en masa corporal, entrenamiento y armas. Su caso fue analizado por defensores de derechos humanos y manejado en los medios de comunicación, y después de varios años en prisión se comprobó que era imposible que hayan sometido a los mastodontes que las agredieron y luego se hicieron los ofendidos; que no hubo delito, sino venganza contra el grupo étnico al que pertenecían por la defensa de sus usos y costumbres.

Hay muchos casos similares y ese sería uno de los objetivos de la ley; pero también sucede que hay muchos jóvenes, menesterosos o indígenas presos por delitos menores, o por haberse visto implicados en asuntos como transporte de droga o cuidado de sembradíos, más por amenaza de los sicarios que por voluntad propia. Y en muchos de esos casos no contaron con defensa adecuada, en su lengua si no hablaban español, y fueron sentenciados sin haber podido entender el juicio que se les siguió.

También se pretende beneficiar a quienes han sido acusados por llevar alguna pequeña cantidad de estupefacientes para su uso personal, y que fueron sentenciados cuando todavía la ley no permitía esas dosis; digamos que, si están en la cárcel por un delito menor, que ahora no se considera tal, podrían ser favorecidos. Merece particular atención la posibilidad de conceder libertad a menores de edad que hayan sido enredados por el crimen organizado, o acaso obligados por algún familiar, y que podrían rehacer sus vidas y su futuro alejados de esas influencias.

La iniciativa de ley también contempla beneficiar a mujeres que estén en prisión por abortar, ya sea voluntariamente o, mucho ha sucedido, espontáneamente pero que se consideró como culpable, sobre todo en el contexto de que este delito se suele sancionar si está aunado a una condición de pobreza, cosa que difícilmente sucede cuando quien lo practica pertenece a estratos acomodados o medios.

También podrán beneficiarse aquellas personas castigadas por robos de poca monta, sin violencia y que hayan recibido condenas de menos de cuatro años de prisión; pero no podrán hacerlo los que hayan sido violentos, usado armas letales o cometido asesinatos o herido a sus víctimas. En el caso de madres que tienen hijos pequeños y que están en prisión por delitos menores, se contempla la posibilidad de que cumplan prisión domiciliaria para que sus críos no tengan que vivir encarcelados.

Una ley de amnistía tiene sentido porque abre la posibilidad de corregir yerros que parecen haber sido frecuentes en nuestro sistema; y también para moderar celos exagerados por parte de quienes persiguen y juzgan delitos, a veces más con la consigna de encontrar culpables que de hacer justicia.

Eso apunta a la necesidad de una reforma a fondo del sistema de procuración de justicia, puesto que una ley como la que nos ocupa es sólo un primer paso, pero habrá que reformar el sistema y evitar que en el futuro se enjuicie y condene a presuntos maleantes más por su condición de pobreza, que por su actividad delictiva.