¿Cambio de rumbo?

Para el proyecto de AMLO es vital el rumbo de la economía. Sin crecimiento no hay empleo, ni ingresos, ni impuestos por cobrar, ni consumo, ni servicios públicos suficientes, ni ahorro interno. Todos estos objetivos los quiere la nueva administración pero para eso se requiere crecimiento y éste no aparece. 
La buena noticia es que AMLO pareciera estar cobrando conciencia de que éste no llegará por pura voluntad, ni porque así lo diga todas las mañanas, ni tampoco por distorsionar los datos económicos. La descalificación de los pronósticos de las instituciones financieras nada hace para mover la aguja que marca un paupérrimo 0.1% de crecimiento. 
Si en alguna parte hace falta un viraje es en el de la política económica. Es plausible su discurso sobre la necesidad de “separar el poder económico del político” pero no lo es el que hay que acabar con la “práctica del neoliberalismo de unir los negocios privados a los públicos”. La combinación de inversión pública y privada, en proyectos conjuntos o por separado, es lo que activa el crecimiento. Separar el poder económico del político no implica asumir al empresario como adversario. Unir los negocios privados y los públicos no tiene que significar contubernio y corrupción. Con reglas claras y transparentes puede significar precisamente lo contrario: Colaboración para el crecimiento. 
Todas las naciones enfrentan el dilema de las relaciones entre el poder económico y el poder político. La historia enseña que ahí donde el primero está por encima del segundo, el crecimiento beneficia a unos pocos, no se traduce en desarrollo y no genera bienestar. Pero también enseña que si las élites económica y política se conciben y se tratan como adversarios el crecimiento será menor o, no será.
En esta difícil relación, los gobernantes tienen que hacer juegos malabares entre la economía y las consideraciones sociales: Hacer compatible la inversión y ganancia privadas con la obligación del Estado de evitar abusos, redistribuir el ingreso y garantizar a los ciudadanos los mínimos de bienestar. 
La oferta de Gobierno de AMLO requiere de mucho dinero. La austeridad que ha adoptado como receta no alcanza para cubrir los más de 200 mil millones de pesos que costarán sus programas sociales prioritarios, para la salud universal, para sanear Pemex, para el abasto energético, para construir trenes, aeropuertos y refinerías y para hacer frente a la carga pensionaria. Peor, la austeridad sumada al subejercicio de más de 174 mil millones, a la cancelación de grandes obras como el aeropuerto o las zonas económicas especiales y la disminución o retraso en las compras gubernamentales han impactado negativamente el crecimiento. 
Es posible que, como mencionó Leonardo Curzio (El Universal, 05/08/19), estemos frente a un punto de inflexión. Las declaraciones sobre mayor inversión pública en infraestructura y el anuncio de la firma del acuerdo entre el Gobierno federal y el sector empresarial para promover la inversión así como las reuniones entre los grandes capitanes de la industria y el Presidente también son buenas noticias, pero en el pasado ha habido muchos acuerdos y reuniones que acaban en palabrería porque las autoridades no generan la confianza y certeza que los inversionistas demandan. Los empresarios entienden de una variable: La tasa de retorno de sus inversiones. 
Para mí las mejores noticias son las que revelan las entrevistas al secretario de Hacienda: Mayor velocidad en el gasto, evaluar el impacto de las políticas, conservar el control de la inflación como mandato único del Banco de México, buena relación y diálogo con los mercados internacionales y las calificadoras, licitar en 2019 contra los recursos de que se dispondrán en 2020 para generar certidumbre, evitar rezagos en el gasto y mover la economía desde ahora.
Ya anuncia, y AMLO no lo ha desmentido, que es necesario hacer más eficiente la recaudación y el gasto y, un poco más adelante, tener una política fiscal contracíclica y una reforma tributaria. Faltaría lo que ayer apuntaba mi compañero de página, Federico Reyes Heroles: Hacer que esa reforma revierta el hecho de que “nuestro sistema fiscal tiene una mínima capacidad de redistribución”. Tiene razón Arturo Herrera, “se puede ser fiscalmente responsable y tener una conciencia social”. Ojalá y lo dejen. 

María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.