Los hechos dicen lo contrario

Sin glorificar a las instituciones del sistema político mexicano que todavía pueden dejar mucho que desear, hay que reconocer que, como producto de la pluralidad, en los últimos 30 años se han creado y fortalecido un importante número de ellas.

Algunas como el INE han sido tomadas como ejemplo y calificadas como de “clase mundial”. Banco de México no tiene nada que envidiar a otros bancos centrales.

Cofece está entre las 10 mejores agencias de competencia en el mundo. Instituciones fuertes son indispensables como contrapeso no sólo político sino también administrativo. Políticamente las instituciones frenan los caprichos de los gobernantes, les obligan a actuar dentro de la ley y restan discrecionalidad a la toma de decisiones del titular del Ejecutivo. Administrativamente garantizan la continuidad y profesionalización.

Provocar una “gran transformación” -lo que quiera que esto signifique- no requiere de la destrucción de las instituciones. Hacerlo denota un personalismo excesivo en el mejor de los casos y una clara señal de eliminar todo aquello que pueda constituir un obstáculo a las pretensiones presidenciales en el peor. 

Esta es la ruta que se está siguiendo. Unas han desaparecido (Proméxico o INEE); otras cambian de nombre (Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado); otras más son denostadas públicamente (INE o INAI). Todas están siendo apergolladas a través del presupuesto.

Hoy toca a una institución que ha sido fundamental y que ni siquiera puede ser acusada de “haber callado como momia” en el pasado: El Consejo para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social que mide la pobreza y evalúa programas y políticas sociales del Gobierno Federal. Es el más barato de los organismos autónomos. 

Se dice que no hay intención de desmantelarla. Los hechos dicen lo contrario.
Para el presupuesto de 2019 sufrió un recorte del 21%. Hace dos meses se le pidió a su secretario Ejecutivo -G. Hernández Licona- eliminar todas las direcciones generales adjuntas y llevar a cabo una reducción adicional del 20% de plazas de estructura. ¿Por qué? Porque los ahorros en esta administración se hacen sin considerar la situación de cada institución, sus necesidades, desempeño y valía. Se necesitan recursos para Pemex y para los programas sociales emblemáticos de López Obrador. Esos que corresponde evaluar a Coneval para saber si están bien diseñados, operados y alineados a cumplir con sus metas. Y pues esos recursos tienen que salir de algún lado porque los 500 mil millones de pesos que supuestamente se ahorrarían por la erradicación de la corrupción no más no aparecen por ningún lado. 

Los recortes solicitados demuestran que nadie se tomó la molestia de estudiar la plantilla de Coneval. La institución funciona con 69% de servidores públicos eventuales cuyo contrato se renueva cada seis meses. Sin ellos, Coneval no puede hacer su trabajo y la condición para autorizar que sigan siendo contratados es que se despida al 20% de los que son permanentes. 

Por si fuera poco, la Secretaría del Bienestar se ha reservado -¿incautado?- el presupuesto para contratar estudios e investigaciones por casi 48 millones de pesos, 49% del total autorizado para dicha partida. El resultado neto es que Coneval tendrá que cancelar nueve de los trece productos que ofrece. Entre otros el de Evaluaciones de Diseño con Campo de 17 Nuevos Programas y el de Satisfacción de Beneficiarios de Programas Prioritarios. Hernández Licona, con trece años de experiencia y un trabajo y reputación impecables, lo hizo público. Fue removido y sustituido a pesar de que ya es un órgano constitucional autónomo. 

Además de una toma de decisiones ajena a los vaivenes políticos, existen tres obstáculos centrales para el fortalecimiento de las instituciones: La estructura normativa que las regula, la suficiencia presupuestal y la permanencia de su personal, que con el tiempo se va convirtiendo en servicio civil de carrera. El cambio constante en las normas que dan materialidad y establecen la composición y funcionamiento de las instituciones es un impedimento para su consolidación. La suficiencia presupuestal es condición necesaria -aunque no suficiente- para su buen funcionamiento. Poblarlas de funcionarios públicos profesionales que van adquiriendo experiencia y a quienes se les garantiza estabilidad en el empleo es fundamental para su eficiencia. Nada de esto está ocurriendo. 

María Amparo Casar es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.