¿1994 ó 2021?

La polarización del debate político impide que haya una discusión seria sobre los temas políticos más importantes del País. La enorme división que hay, la grieta mexicana, ha provocado un binarismo que sólo magnifica las diferencias. La reforma eléctrica que mandó el Presidente al Congreso es la más reciente prueba de ello. Por un lado, están quienes creen que esta reforma es regresiva, expropiatoria y lo más perjudicial para el País, que es un viaje al pasado, ya que nos regresa a 1994. Por el otro, están quienes afirman que la propuesta es la llave para fortalecer al Estado mexicano, que le regresará la rectoría de la producción de energía eléctrica, que entierra el pasado neoliberal y que nos pone en un 2021 transformador. Como los extremos exageran, van algunas preguntas.

La reforma de Peña del 2013 tenía como objetivo principal crear un mercado eléctrico con competencia y para ello liberalizaba el mercado. Permitía que empresas privadas generaran y vendieran energía eléctrica, ya sea a la CFE o directamente a consumidores privados. En teoría, esta reforma beneficiaba a grandes empresas, pero también a pequeños comercios, industrias e incluso a residencias privadas, al permitirles instalar paneles solares, escogiendo equipos y proveedores de manera libre y vendiendo excedentes de energía a la CFE.

Por ello, la reforma de Peña funcionó en los hechos poco más de cinco años, porque para fines prácticos desde enero del 2019 se dejó de aplicar. En todo ese tiempo ¿realmente se dio más competencia en el sector? ¿Cuántas empresas privadas se beneficiaron? ¿Quiénes son los dueños de esas empresas? ¿Realmente acabó con el monopolio de CFE? ¿Creó una competencia real o sólo un nuevo oligopolio de cuates? ¿Eran competidores nuevos o los mismos de siempre? Peor aún ¿fueron beneficiados los amigos de Peña o los políticos priistas y demás que votaron por la reforma que "movió" a México? ¿Se crearon nuevas riquezas como beneficio de esa reforma? ¿Cuál era el estado antes y después de la reforma en número de competidores? ¿Realmente aumentó la cantidad de electricidad producida con tecnologías limpias? ¿Quiénes invirtieron en energías limpias a partir de esa reforma? ¿Cuántas residencias privadas empezaron a usar paneles solares y cuántas venden excedentes a CFE? ¿Realmente bajaron los precios de la electricidad en esos cinco años, como había prometido el mismo Peña?

Del otro lado, la contrarreforma propuesta por AMLO arroja interrogantes por responder. ¿Realmente CFE tendrá la capacidad de generar energía de forma confiable y económica para un país con casi 130 millones de personas? ¿Condenará a México a no cumplir con los compromisos medioambientales, ya que la cancelación de los certificados de energías limpias favorecerá el uso de energías sucias? ¿Representa una expropiación tal y como acusan algunas figuras políticas y expertos en la materia? ¿Por qué desaparecer a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, que se encarga de regular la producción de crudo? ¿De verdad, no hay forma de lograr competencia a favor de consumidores en electricidad, como sí ha ocurrido en telefonía celular? De ser este el caso, ¿cómo podría argumentar AMLO que las comparaciones con Hugo Chávez son ridículas, cuando con esta reforma alimentaría la narrativa de expropiaciones como nunca antes? ¿Sería una contrarreforma violatoria del T-MEC y de otros acuerdos internacionales? ¿Revertirá la subida en los precios de la electricidad que se ha acelerado desde 2019? ¿Ha visto el Presidente los recibos de luz de la gente y los ha comparado en estos tres años? ¿Le dará el PRI los votos necesarios? ¿De ser así, resistiría la alianza con el PAN y con el PRD? ¿Usará la UIF su poder intimidatorio para conseguir votos?

El Presidente decidió enviar una de las reformas más polémicas de su sexenio al Congreso y lo hace con una popularidad que se mantiene estable y sin contrapesos porque los defensores de la reforma del 2013 no dan la cara para argumentar con datos. Tal vez porque no conviene salvar una reforma que no ha servido a la mayoría de la gente, pero la contrarreforma tampoco parece ser la solución. Merecemos un mejor debate.