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Columnas

Predicar con el ejemplo

De lo que tampoco hay duda es de la nula disposición del Presidente ya no se diga adialogar sino siquiera a escuchar.

Por María Amparo Casar

Quizá los analistas parezcamos disco rayado, pero qué hacer si a toda hora nos tocan la misma tonada: Más de dos horas de micrófono diario sin tomar en cuenta los discursos en eventos, giras e informes; otros datos; una situación que inexplicablemente se caracteriza de “espléndida”; logros inexistentes; mensajes de esperanza sin fundamento; juicios sumarios contra los críticos y adversarios; opacidad; demagogia y mentiras.

 

No nos queda mucho más que seguir ocupando los sitios que nos brindan los medios, aprovechar los pocos espacios que contados funcionarios nos abren de cuando en cuando para hablar en corto, enviar los documentos que elaboramos a las autoridades por si acaso quieren tomar en cuenta estudios con evidencias, puntos de vista informados y propuestas para enderezar el rumbo del País y participar en diversos movimientos que exigen el respeto a los derechos de los mexicanos: De las mujeres, las víctimas de la violencia, el personal de salud, los enfermos sin medicinas, los científicos sin presupuesto, los empresarios sin seguridad jurídica, los abogados tildados de antipatriotas, los periodistas o los trabajadores de la cultura.

 

Puede ser que el Presidente no ejerza la censura abierta como en los países autoritarios, pero de que atenta contra la reputación de sus críticos, atropella su derecho a disentir y dificulta su labor, no hay duda.

 

De lo que tampoco hay duda es de la nula disposición del Presidente ya no se diga a dialogar sino siquiera a escuchar. Dos características que sí poseía su admirado Madero, a quien apenas ayer ensalzaba como el hombre que inauguró a inicios del siglo pasado el primer episodio democrático de México. Gobernar democráticamente es gobernar entablando un diálogo productivo y ése no lo hemos visto en más de dos años de Gobierno.

 

No escucha y no permite escuchar a los otros. Cuando los legisladores establecieron el parlamento abierto para debatir la Ley de la Industria Eléctrica, sentenció: A mi iniciativa “no se le cambiará ni una coma”.

 

Si no ha escuchado a los que no militamos en ningún partido, tampoco ha prestado oído a los que sí lo hacen. No ha estado en su forma de ejercicio del poder hablar con la oposición en el Congreso, ni con los líderes de los partidos, ni con la asociación de gobernadores, ni con las de los municipios.

 

Por eso medio sorprende que, por primera vez en su gestión, el día de ayer haya convocado a un pacto y que lo haya denominado Acuerdo Nacional en Favor de la Democracia. No es un pacto porque su origen no es algo acordado entre dos o más partes, sino una carta en donde pide a los y las gobernadoras asumir una serie de compromisos que, por lo demás, ya están en la ley y que el Instituto Nacional Electoral debe y quiere hacer valer aunque el Tribunal obstaculice su tarea una y otra vez.

 

Esos compromisos, que constan en la carta como propios son, como digo, normas electorales a los que están obligados todos los participantes en la contienda electoral: No intervenir para apoyar a ningún candidato de ningún partido, no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales, denunciar la entrega de dinero del crimen organizado o de la delincuencia de cuello blanco para financiar campañas, impedir compra de lealtades o conciencias, no traficar con la pobreza de la gente, no solapar a tramposos o "mapaches" electorales y evitar el acarreo.

 

Francamente ya no se entiende nada. El Presidente no sólo se ha dedicado a intervenir en las elecciones emitiendo opiniones de carácter político-electoral en favor de Morena y en contra de los partidos de oposición, sino que apeló y ganó ante el Tribunal Electoral la anulación de las medidas cautelares dictadas por el INE que pretendían contener dicha conducta.

 

Igualmente ha apoyado a candidatos como Salgado Macedonio, impedido por los propios estatutos de Morena para participar en la elección, ha convertido a los servidores de la Nación pagados por el erario en figuras partidistas y ha ofrecido a una decena de superdelegados -que controlan el presupuesto de los programas sociales en las entidades federativas- candidaturas a distintos puestos de elección popular. Todos estos comportamientos que él denominó ayer como “abominables prácticas ilegales y antidemocráticas” las conocemos bien, siguen vigentes y están más cerca del clientelismo que del respeto a la equidad, la imparcialidad y neutralidad que el Presidente solicita. Así que, si por una parte es de celebrar que se dirija a las y los gobernadores, sería mejor que el Presidente hiciera lo que siempre ha dicho: Predicar con el ejemplo.

 

CV: María Amparo Casar es licenciada es licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestra y doctora por la Universidad de Cambridge. Especialista en temas de política mexicana y política comparada.

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