Incumplen 200 funcionarios con declaración patrimonial

Tijuana BC.- Durante la presente administración 209 trabajadores municipales han sido sancionados en Tijuana por la Sindicatura Procuradora, en su mayoría por no cumplir con su declaración patrimonial.

De acuerdo con el portal de Unidad de Transparencia de Tijuana en el año 2022 fueron 131 servidores públicos municipales sancionados, en 2023 la cifra alcanzó los 65 y en el presente año son 13 los trabajadores que violentaron la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Baja California.

De los 209 trabajadores amonestados por la Sindicatura, 200 fueron por incumplir con su declaración patrimonial, ya sea por inicio o conclusión en el servicio público.

La mayoría de las sanciones a las que fueron acreedores los trabajadores del Ayuntamiento de Tijuana durante el año pasado fueron amonestaciones privadas.

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Una obligación

El titular de la Sindicatura Procuradora, Rafael Leyva Pérez, informó que el procedimiento de declaración patrimonial está establecido en la Ley Federal de Responsabilidades, por lo que todos los servidores públicos tienen que realizarla en mayo.

Lo que pretende este proceso, explicó, es que una persona al ser contratada por el gobierno, cualquiera de los tres órdenes de gobierno, declare y haga público, de buena fe, el patrimonio con el que cuenta.

La declaración, detalló, debe incluir las casas, terrenos y departamentos, vehículos, cuentas bancarias y joyas con las que cuenta el servidor público.

Agregó que otra información que debe incluir es su estado civil, si tiene hijos y quienes dependen de la persona.

Acreditación de ingresos

El funcionario municipal informó que en caso de iniciar con la compra de la casa, el salario que recibe el servidor público debe de ser suficiente para el pago, porque tienen que acreditar sus ingresos.

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La declaración patrimonial, señaló, le da certeza al ciudadano de que los servidores públicos son honrados y que viven de acuerdo a sus ingresos.

“Hay funcionarios públicos que ya vienen de un patrimonio importante y hay servidores que están empezando a construirlo.

“No tiene porque alarmar que un funcionario compre un buen carro o buena casa, siempre y cuando pueda comprobar cómo lo obtuvo”, expresó.

Las revisiones

Leyva Pérez explicó que una vez recibidas las declaraciones no se revisan una a una, debido a que es un acto de buena fe.

Pero si existe una investigación o denuncia contra un funcionario, apuntó, se revisa su declaración, al ser una facultad con la que cuenta la Sindicatura Procuradora, para ver su desarrollo patrimonial.

Señaló que en caso de no cumplir con la declaración, que tienen hasta el 31 de mayo para hacerlo, pueden ser acreedores a una sanción que va desde una amonestación privada, pública, suspensión y la destitución del cargo.

En este año la sindicatura deberá recibir un total 8 mil 783 declaraciones por parte del personal que labora en el 24 Ayuntamiento de Tijuana.

“A los que faltan de presentar se les notifica, y si hacen caso omiso al requerimiento, entonces pudiera iniciarse un procedimiento de un informe de presunta responsabilidad administrativa para que entonces la dirección de responsabilidades le inicie el proceso de sanción”, manifestó.