Municipalización del agua

En Rosarito hay 219 fraccionamientos con rezagos en infraestructura. 

La gobernadora de Baja California recordó que actualmente el tema lo revisa la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), misma que no ha dado una respuesta final.

El Decreto 289 permanecerá suspendido en lo que se establece la resolución final de los recursos legales.

El Estado está obligado a prestar el servicio mientras se resuelve la acción de inconstitucionalidad.

Los ediles opositores manifestaron que ya interpusieron un recurso ante el Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California para invalidar la sesión ilegal de cabildo en la que el presidente municipal pretendió validar la decisión del Estado.

La legisladora local consideró que este tema debió analizarse puntualmente antes de pasarse a los municipios porque el cambio traerá pasivos y activos a los ayuntamientos, que probablemente no podrán afrentar. 

El documento de la Corte especifica que el Síndico no requiere o necesita autorización previa del Cabildo, ya que el funcionario está facultado para ejercer la representación jurídica del Ayuntamiento en los litigios jurisdiccionales.