Urge encuentro de personas desaparecidas

En Baja California se tienen registradas 26 personas no localizadas que están relacionadas con averiguaciones previas y carpetas del fuero federal iniciadas entre enero de 2014 y abril de 2018, y que hasta el 30 de abril siguen sin ser vistas.

Esto de acuerdo al Registro Nacional de Personas Desaparecidas o Extraviadas (Rnped), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Y se tienen a mil 24 personas sin localizar relacionadas con averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas del fuero común, hasta el 30 de abril del 2018, también en el Estado.

De acuerdo a la asociación civil Unidos por los Desaparecidos de Baja California A.C., nuestra Entidad ocupa el séptimo lugar con personas desaparecidas.

"Inició con la guerra que declaró el ex presidente Felipe Calderón al narcotráfico. Con ello Baja California ocupa el séptimo lugar en personas desaparecidas”, lamentó Fernando Ocegueda Flores, presidente de la AC.

Por ello, lamentó que Diana Pigeonountt, estudiante de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas (PFLC) se sume a la lista.

“Existe un problema muy serio de desaparición, especialmente de jovencitas y alguien le tiene que poner un alto. El Gobernador (Francisco Vega de Lamadrid), como encargado del Ejecutivo, tiene que delegar a quien corresponda para que dé un resultado positivo”, dijo.

Por ello, Ocegueda Flores planea realizar un foro en los próximos meses en donde participen la Comisión Nacional de Seguridad, Comisión Nacional de Búsqueda, Procuraduría General de la República y Policía Científica.

Eso para presionar a Perla del Socorro Ibarra Leyba, procuradora General de Justicia del Estado, y gobernador de BC a rendir cuentas.

“Se busca que eviten o evaden el tema o que las cifras no correspondan al RNPED de la Segob. A lo mejor el Gobernador se da cuenta de todas las víctimas que existen en el Estado y que probablemente no esté enterado”, comentó el titular de la AC.

Respecto al Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes (Capea) lamentó que tengan miles de expedientes archivados sin que puedan dar información a los familiares de las víctimas.

“Ellos achacan que no pueden realizar muchas diligencias debido al Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) y les cayó como ‘anillo al dedo’ para justificar su incompetencia”, opinó.