Reprueba COCI fallo a favor de Municipio en renta de recolectores

En el arrendamiento de camiones de basura por parte del 22 Ayuntamiento de Tijuana no hubo peculado, abuso de autoridad, cohecho, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito, determinó la Procuraduría General de Justicia de la República (PGJE).

Esto ante la denuncia que interpuso el Consejo de Organizaciones Ciudadanas Independientes (COCI) en contra del alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro el pasado 19 de junio del 2017.

El coordinador de COCI, Carlos Atilano Peña, reprobó la determinación por considerar que el Ministerio Público actúo bajo la subordinación y la consigna del Ejecutivo del Estado, Francisco Vega de Lamadrid y la Procuradora de Justicia.

“Es increíble que el Ministerio Público de manera negligente y de muy mala fe no haya llevado a cabo el desahogo de una sola probanza, no es posible que se haya resuelto la investigación sin haber siquiera llamado a declarar a los presuntos responsables”, declaró.

Ante tal situación, dentro de los próximos 10 días impugnarán ante un juez de Control de Procesos del Poder Judicial del Estado con la finalidad que haga una revisión de la resolución, la cual calificó de irregular y carente de fundamento, dicha audiencia será pública.

“Establecen que el Alcalde actuó correctamente al otorgar mediante decreto la adjudicación directa, estableciendo que hubo un caso de urgencia, lo cual es una falacia”, expresó.

Recordó que para darse una adjudicación directa siempre y cuando se haya presentado un caso fortuito o por causas de fuerza mayor, situación que no sucedió, al señalar que las unidades se recibieron hasta el mes de mayo de 2017, aunque el contrato se firmó antes.

“Es en el fondo un negocio que debe de ser castigado porque hay un desfalco claramente de más de 100 millones de pesos en perjuicio de la ciudad”, concluyó.