Huyen 11 mil mexicanos por miedo al crimen organizado

TIJUANA.- El crimen organizado provocó que 11 mil mexicanos huyeran o abandonaran sus comunidades para salvar sus vidas ante amenazas de muerte, de acuerdo con el Observatorio de Desplazamiento Interno en un informe de 2018.

De acuerdo con el organismo, las personas desplazadas son principalmente de Michoacán, Guerrero y Zacatecas, a quienes les arrebatan sus tierras para producir amapola, por lo que se ven obligadas a migrar hacia las ciudades fronterizas con la intención de buscar protección en Estados Unidos.

Ana Laura Martínez de Lara, colaboradora de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), urgió a las autoridades federales castigar a quienes obligan los desplazamientos de mujeres y hombres, y familias anteras de las comunidades urbanas y rurales del País donde habitan.

“Que a ti te obliguen a abandonar tu tierra, tu medio de vida, a salir sin documentos porque tu vida está peligrando, el solo hecho de tener que hacerlo sin tu consentimiento ya es un delito por quien te está obligando y por quien te esté forzando”, remarcó.

Tijuana

Crimen organizado recluta a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad: Todos Somos Salvatierra A.C.

Desde 2014 académicos y activistas buscan que se reforme la ley para que el Gobierno se responsabilice de las víctimas de desplazamiento forzado.

Presentaron un proyecto al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez, para que esté a su vez logre la aprobación en el Congreso de la Unión.

En el proyecto, detalló, también se incluye que se debe contar con un perfil de las víctimas para que las políticas surtan efecto positivo.

“El tema de la violencia afecta a todas personas de todos los niveles sociales porque el perfil de la migración se está modificando”, apuntó la activista de Comar.

Martínez de Lara manifestó que las autoridades también deberán contemplar un fondo monetario para la atención de las personas o familias, además de prevenir los desplazamientos, atender y solucionarlos con acciones duraderas que vayan más allá de otorgar una despensa.

Dijo que a las instituciones gubernamentales, como el DIF, Procuraduría General de Justicia, les corresponde trabajar en armonía para que los casos sean resueltos y la atención a las víctimas sea integral.

Mexico

Diputados solicitan acciones concretas tras el asesinato de Gisela Gaytán en Celaya

“El Gobierno de México ha reconocido públicamente que existe el desplazamiento interno para que se pueda dar una ayuda integral y no solo asistencias a las personas que han sido víctimas de este fenómeno o de este problema”, reiteró.

De acuerdo con las cifras del Registro de Nacional de Víctimas (Renavi) en lo que va de 2019 se registraron 25 mil 800 personas, de las cuales 580 manifestaron haber sido desplazadas en México, de ellas el juez solo reconoció a 98 personas como víctimas de desplazamientos forzados.

LLEGAN A TIJ

José María García Lara, director del albergue Movimiento Juventud 2000, expuso que en caso de que las familias no logren cruzar a Estados Unidos y se queden en el País se les debe garantizar la seguridad.

“Estamos en una frontera dinámica, en donde hay comunidades de todo el País y de otras partes del mundo, puede ser complicado dependiendo de qué tan grave es la situación que traigan de sus comunidades, hay que recordar que existe la presencia de las redes delincuenciales”, lamentó.

Actualmente la asociación atiende a 98 personas; 38 de ellas, entre niños, mujeres y hombres, son desplazadas por la violencia de Guerrero y Michoacán, quienes no denunciaron ante las autoridades correspondientes por temor a que estuvieran coludidas con los grupos del crimen organizado que las amenazaba.

García Lara señaló que el fenómeno de los desplazamientos se empezó a notar en 2016, pero fue a finales de octubre y noviembre de 2018 cobró relevancia en Tijuana y en los albergues.

Especificó que tan solo en Movimiento Juventud 2000 se atendió a 128 familias de Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Veracruz, al tiempo que también recibieron a la primera caravana centroamericana.

Ambos éxodos deseaban ir a Estados Unidos por considerar que podían vivir seguros y alcanzar una mejor situación económica, refirió, pero pocos lograron obtener asilo en ese país, por lo que, aunque con temor, decidieron quedarse en esta ciudad fronteriza.

El activista sostuvo que, además de ofrecerles albergues, es necesario que reciban atención sicológica de parte de expertos para que vayan superando sus traumas mientras solucionan su situación migratoria.