Afecta Gobierno a 35 mil familias con venta de terrenos

Pese a que no les pertenecían, el Gobierno del Estado vendió terrenos a miles de familias en el ejido Rojo Gómez.

Son cerca de 35 mil familias las que se ven afectadas de esta situación debido a que no cuentan con la certeza jurídica de sus patrimonios.

“Contrario a todo derecho el Instituto de Vivienda del Gobierno del Estado se puso a vender terrenos del ejido Rojo Gómez, como si fueran terrenos que ellos ya habían adquirido”, declaró el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruiz Uribe.

Las familias afectadas se encuentran en los fraccionamientos Terrazas del Valle I, II y III, Lomas del Valle, y La Morita I y II.

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Quienes acudieron al llamado de la inmobiliaria del Estado para comprar sus terrenos, sin embargo, jurídicamente se demostró que no eran de ellos por esto fue un fraude, comentó.

Y aunque le solicitaron el dinero sobre los terrenos que vendieron, el Estado asegura no tener el dinero para pagarlos a los dueños legítimos.

“Hace unas semanas tomamos la decisión, observando este tipo de fenómenos en todo el estado de formar una mesa de trabajo para atender la problemática ejido por ejido y hemos ido resolviendo favorablemente”, comentó.

Por lo que pondrán a trabajar a todas las instituciones federales que tiene que ver la tenencia de la tierra para encontrar una salida al problema.

Dándoles seguridad jurídica a los familiares, y que exista un resarcimiento al derecho de propiedad de los dueños de los ejidos.

“Tiene que participar el Gobierno del Estado porque el Gobierno del Estado fue quien agravó esta problemática porque vendió lo que no era de ellos y habiéndolo vendido no le pagó al verdadero propietario”, expresó.

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Por su parte, el representante legal del ejido, Casimiro Cañedo Román señaló que sostuvieron una lucha jurídica desde hace 20 años contra el Estado, pero ya hay una sentencia.

Ante esto buscan que el Estado responda, pero hasta la fecha les han comentado que no tienen dinero, por lo que buscarán un convenio entre las autoridades estatales y las familias que no han terminado de pagar los terrenos, pero primero buscarán un convenio de pago.