Tijuana

Activistas y migrantes denuncian abusos de policías municipales

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Por Khennia Reyes

Activistas y migrantes  denuncian abusos de  policías municipales

Activistas y migrantes denuncian abusos de policías municipales

La activista pro migrante Gabriela Cortés, perteneciente a la asociación civil Ángeles de la Frontera, denunció ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) el abuso policiaco que sufrió ella en compañía de dos migrantes cuando unos policías intentaron arrestarlos.

Expuso que se encontraban afuera de la Embajada Migrante, localizada en Playas de Tijuana, para dirigirse al Palacio Municipal, cuando la unidad P4532 los abordó.

“Me identifiqué como activista, defensora de Derechos Humanos y que mi oficina estaba a unos metros del lugar. Al preguntar por qué me pedían que me bajara y que me explicara lo que está pasando, me dijo que me callara, que no tenía derecho de hablar, pues las preguntas se las tenía que hacer al juez”, relató Cortés.

Asimismo, dijo que los uniformados, que no se habían identificado, la arrestaron mientras la cuestionaban sobre el supuesto consumo de drogas y pertenencias en su bolso.

“Me dijeron que éramos acreedores a un falta administrativa por bajar ‘una botella de alcohol’ de la unidad, que ellos habían visto que se había bajado. Miguel, un voluntario de la oficina, dijo que la había retirado de cerca de la llanta y la había tirado a la basura, eso fue lo que pasó. También arrestaron a Iván”, agregó la activista.

Ante la situación la CEDH emitió la Recomendación General 1/2018 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Tijuana por la práctica de detenciones ilegales a personas en contexto de movilidad humana.

De acuerdo con un estudio realizado apoyado por el Conacyt, las principales razones de las detenciones de las personas en contexto de migración son por deambular (48%), no portar documentos de identificación (28%) y vestimenta (14%).

Las circunstancias que pudieran estar relacionadas por la persecución de un delito son apenas el 10% de las detenciones realizadas en contra de estas personas.

Las quejas se han presentado por presuntas violaciones a los derechos humanos a la seguridad jurídica, igualdad, propiedad o posesión, trato digno, libre tránsito, integridad y seguridad personal, entre las que se encuentran 20 expedientes en proceso de investigación.

Aunado a ello, en algunos de los expedientes de queja analizados para emitir la Recomendación General 1/2018, las personas agraviadas señalan que tras ser liberadas de la Estancia Municipal de Infractores, han sido puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración por motivo de su presencia irregular en el País.

Se trata de una situación grave para estas personas al enfrentar una posible deportación, y representa para los elementos de la Policía Municipal una extralimitación a sus facultades como elementos de seguridad pública, al no contar con atribuciones para realizar detenciones por cuestiones migratorias, lo cual resulta estar fuera de toda legalidad.
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