Tras el Semefo

La nueva Fiscalía General del Estado (FGE) tiene entre sus planes absorber al Servicio Médico Forense (Semefo), actualmente dependiente del Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Salvador Juan Ortiz Morales.

No es la primera vez que la institución encargada de procurar justicia busca engullir al Semefo, puesto que en pasadas administraciones panistas se pretendió algo similar.

De hecho, en los primeros años de la década del 2000, el área de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado prácticamente se apoderó del edificio del Semefo para asumir sus funciones, aun cuando legalmente no estaba autorizado.

En esa etapa, el doctor Francisco Acuña Campa era el director del Semefo, y se oponía a esa decisión con el argumento de que la institución en manos del Poder Judicial del Estado garantiza la imparcialidad y, además, el Semefo no es un laboratorio, sino un hospital.

Finalmente se desechó esa propuesta de pasar el Semefo a la PGJE y todo volvió a la normalidad.

Ahora con el gobierno de Morena, la propuesta ha sido resucitada, para transferir el Semefo a la Fiscalía General del Estado.

Sobre esto, ya anda circulando un documento donde se señalan "los efectos negativos de la incorporación del Servicio Médico Forense a la Fiscalía General del Estado".

En el documento se analizan los aspectos social, moral y legal.

Entre los efectos "no positivos" están "la vulnerabilidad de los profesionistas médicos a ejercer sus derechos de forma libre y sin presiones", refiriéndose a la libertad de diagnóstico.

Otro de ellos es el vacío en el auxilio de la administración de justicia que produciría transferir a 32 médicos legistas a la FGE, dejando sin peritos en materia de salud mental, integridad física, protocolo de Estambul, entre otros, al Poder Judicial del Estado.

Así que la propuesta de convertir al Semefo en un apéndice de los Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado no es nueva.

Claro que si se presenta la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Congreso del Estado en manos de Morena, solo sería el mero trámite para su aprobación.

Buscan regularización

Primero fue la organización Anapromex, aunque con una actitud desafiante, quien palabras más, palabras menos señaló que se buscaba la regularización de autos “chocolate”, ahora fue el Comité Nacional Pro-Defensa de la Economía Familiar (Condefa) quien hizo lo propio.

Con una actitud más conciliadora, señalaron que si lo que se busca es la regularización de autos, ofrecerán el apoyo al estado para poder realizarlo, pero que si se busca decomisarlos, buscarán impedirlo por diferentes vías.

Sin duda las asociaciones de “vehículos en proceso de legalización” están en un dilema ya que durante muchos años han operado con la indolencia del gobierno, lo que ha ocasionado que se magnificara lo que ahora es visto como un problema de seguridad, ya que autoridades señalan que el 80% de los delitos en el Estado en los que participa un vehículo, este es irregular.

Según abogados, en el momento que la autoridad se ponga firme en no permitir el tránsito de los vehículos irregulares, no habrá asociación que por la vía legal pueda hacer algo al respecto, ya que está plasmado por escrito el proceder, las faltas y las medidas legales a aplicar, que son decomisar el vehículo.