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Está por comenzar el juicio en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública en el período 2006-2012, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la república.

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Está por comenzar el juicio en los Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, secretario de seguridad pública en el período 2006-2012, cuando Felipe Calderón Hinojosa era presidente de la república. Se le acusa de tener fuertes relaciones con el crimen organizado, a quienes les facilitó el traslado hacia USA, de cargamentos de diversas drogas por los cuales recibió pagos millonarios en dólares. Decidió irse a vivir a ese país, en donde fue detenido y encarcelado.

Habiendo sido miembro de un gabinete presidencial, ya concluido, no impide que no deban alzarse las antenas de preocupación, pensando que otro caso como este no saltará en la arena política de México. Por el contrario, los tres niveles de gobierno deberían haber iniciado investigaciones puntuales, de todos y cada uno de los funcionarios de sus gobiernos. Las tentaciones y el nulo seguimiento puntual de las actividades económicas, del enriquecimiento ilícito y de las conexiones de los funcionarios de primer nivel con el crimen organizado, permitieron estas asociaciones delictuosas e incrementaron su presencia en el área gubernamental. El enorme poder que usufructuaba García Luna, provenía de la cercanía que tenía con Felipe Calderón Hinojosa, quién obviamente estaba informado de todo lo que acontecía.

El juicio en USA de García Luna, deberá abrir una fuente de información de primera mano, que debería de servir para abrir carpetas de investigación contra funcionarios actuales. Desde hace decenas de años circula información sobre exfuncionarios federales de primer nivel, de militares, de exgobernadores, de diputados y senadores, y en general, contra toda la clase política nacional. Los datos se refieren a asuntos relacionados con las drogas ilegales; contra desfalcos al erario, contra asociaciones públicas y privadas autorizadas de manera ilegal en asuntos financieros, de bienes raíces, etcétera.

En Baja California existe una serie de asuntos denunciados ante el Congreso del Estado y las Agencias del Ministerio Público, que no han prosperado. Desde acusaciones contra el exgobernador Elorduy, relacionados con el narco, hasta asuntos denunciados contra Kiko Vega De la Madrid, por el mal uso de los recursos financieros. De la misma manera, existen denuncias contra expresidentes municipales de todas las ciudades de Baja california, pero la rueda de la justicia está inservible, pues no se ha movido ni un milímetro para iniciar las investigaciones.

El caso de García Luna estuviera también sin moverse, si no hubiera intentado arreglar sus papeles en USA. El espacio abierto para sus actividades cotidianas era tan amplio allá, que pensó que tendría las mismas atenciones que en México. Los lujos con los que vivía y el descaro con el cual invertía en propiedades y otros negocios, le permitieron disfrutarlos un tiempo, pero fue aprehendido y ahora, espera el inicio de su juicio, del cual, con seguridad, tendrá un pésimo resultado para él. Desde ahora todos estamos seguros de que lo declararán culpable, y purgará muchos años en prisión. No se vislumbra que pasará a ser un testigo protegido y le concederán la libertad.

López Obrador prometió luchar contra la corrupción y barrer de arriba para abajo las escaleras, pero no ha hecho nada. Por ejemplo, el asunto de Emilio Lozoya y el caso Odebrecht, es un teatrito en el cual, no se está juzgando un delito, sino que se negocia un acuerdo económico con el cual recuperará su libertad, así como su actividad económica. Los delitos cometidos pasaron a segundo término, así como la legalidad. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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