Terapias de conversión

Fue el pasado 21 de abril del presente año que el Congreso del Estado aprobó el que se prohibiera y castigara de manera legal con multa económica y penal a lo que se le denomina terapias de conversión. Dicho dictamen fue enviado al Ejecutivo, pero fue ahí precisamente donde la Gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda puso un freno para hacer una revisión a detalle de lo que se estaba aprobando, para después de esto pedir al Congreso del Estado hacer adecuaciones.

La petición de la Gobernadora iba en el sentido de dar certidumbre al trabajo de los profesionales en materia de la salud mental, así como dejar bien definido lo que es una terapia de conversión. Esto generó inconformidad en la comunidad LGBT+ ya que el documento fue regresado al Congreso para que se revisara de nueva cuenta. Durante la conferencia mañanera detalló que las terapias de conversión si se prohibirán en Baja California, pero que esto deberá hacerse de la manera correcta, para evitar que pase lo que en otros estados, que las interpretaciones y lagunas han generado conflictos a la hora de aplicarla.

El consejero jurídico de Gobierno del Estado, Juan José Pon, resaltó que las observaciones enviadas por el ejecutivo mantienen el respeto por las penas propuestas en la reforma, enfocándose en delimitar los alcances. Ahora el Congreso del Estado deberá estar revisando los posibles cambios para posteriormente volverla a pasar al ejecutivo para su aplicación en el Periódico Oficial de Baja California y sea válida.

La acusan de plagio

Hace unos días la regidora del 24 Ayuntamiento de Ensenada, Laura Lorena Antúnez García, presumió en sus redes sociales haber presentado el Violentómetro Inclusivo, único a nivel nacional. En su publicación, la edil reconoció que se trataba de un trabajo interinstitucional con el Licenciado Miguel Ángel Mora Marrufo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, en trabajo conjunto con la Secretaría de los Derechos de las Mujeres y Perspectiva de Género.

Además, explicó que el violentómetro representa una herramienta para responder a la misión de realizar acciones desde las instancias públicas, para contrarrestar, prevenir, atender, educar, concientizar, sensibilizar y erradicar la violencia. Sin embargo, la regidora no esperaba que la directora de la Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género (UPGPG), María del Rosario Trejo García, comentara en la publicación para acusarla de plagio: “Señora regidora de Ensenada, le solicito muy atentamente respete los derechos de autor del Instituto Politécnico Nacional sobre el término violentómetro, mismo que es una herramienta didáctica elaborada en nuestra institución desde 2009 y actualizado en 2021 y también con derechos de autor.

“En muchas instituciones públicas y privadas se utilizan para que los espacios laborales, escolares y en la sociedad les permita identificar a las personas los niveles de violencia para quien las sufre o quien la comete. Estas instituciones nos solicitan su autorización para su difusión, dando el crédito a nuestra institución o citando la fuente. Estamos a sus órdenes si su municipio requiere difundir nuestra herramienta, misma que es indivisible en su denominación y contenido”, expresó en un comentario.