Santo Remedio

La semana que hoy termina trajo a mis redes sociales una recurrente queja y convocatoria a manifestarse en contra respecto a la intención del Gobernador del Estado de ceder en comodato las instalaciones del centro de gobierno en la primera etapa del Río Tijuana. Los que principalmente estuvieron activos en este tema a través de sus redes sociales fueron casualmente, los políticos de siempre que aspiran y suspiran por ser tomados en cuenta por los partidos políticos y uno que otro “apasionado” que se sube a los temas controversiales para sacar algo de provecho. Me atreví a preguntar en el post de una conocida maestra -y eterna aspirante a candidata- el porqué de la oposición y me encontré con respuestas poco convincentes y en un momento dado hasta agresivas hacia su servidor por cuestionarlas y ofrecer un punto de vista divergente. Muchos de los comentarios ahí vertidos, claramente fueron motivados en afán de jalar reflectores hacia su “causa”, que también casualmente coincide con momentos electorales. Como si este tema fuera más importante que los de seguridad y salud que nos aquejan.

La principal razón “legal” que citan, es el decreto expedido en 1978 donde el ejecutivo federal autoriza a la Junta Federal de Mejoras Materiales de Tijuana para que enajene a título gratuito en favor del Gobierno del Estado de Baja California, diversos terrenos y obras entre los cuales se enlista un polígono para el edificio del Gobierno del Estado, siendo la manzana 232, con superficie de 12,913.72 M2. En el mismo decreto, en el artículo tercero se señala que “Si el Gobierno del Estado de Baja California les diere a los inmuebles que se le enajenan, un uso distinto al señalado en este Decreto, revertirán con todas sus mejoras y accesión en favor del Gobierno Federal.”

A poco mas de cuarenta años de la puesta en marcha de dicho edificio, la realidad es otra. A partir de la reforma al artículo 115 constitucional, muchas de las funciones y responsabilidades de las autoridades estatales ahora son responsabilidad del gobierno municipal, por lo que mucho del tráfico ciudadano se fue hacia el ayuntamiento, quien además del palacio municipal tiene diversas oficinas, delegaciones y subdelegaciones distribuidas en el territorio, que permiten a los ciudadanos hacer gestiones y trámites cerca de donde viven. Además, con la prevalencia de la tecnología muchos trámites y gestiones a los que tradicionalmente se acude al centro de gobierno, ahora se pueden hacer desde portales y quioscos automatizados que ya no requieren de la presencia física del funcionario o del ciudadano.

Tijuana contaba hacia 1980 con poco menos de medio millón de habitantes y la ubicación del edificio en cuestión favorecía por su cercanía a los visitantes. Ahora, contamos con alrededor de dos millones de habitantes y aunque la población ha crecido cuatro veces, la mancha urbana lo ha hecho siete, alejando al grueso de los ciudadanos de dichas oficinas estatales volviéndolas obsoletas a las necesidades actuales tanto del gobierno, como de la ciudadanía.
Es por ello, que creo es muy atinado asignarlo a nuestra máxima casa de estudios para brindarle una segunda vida a este veterano, pero aún funcional edificio, como el Centro Universitario de Educación de la Salud (CUES) acercando las instalaciones y servicios de salud de la UABC a la zona Río Tijuana donde de seguro serán utilizadas para el beneficio de nuestros jóvenes y los bajacalifornianos.

Si el decreto de 1978 impone condiciones para el uso y destino del predio en cuestión, otro nuevo decreto o gestión ante el gobierno federal podrá subsanar cualquier preocupación que tengan quienes se oponen a esta acción.

Aprovechemos que anda por aquí hoy, quien, con una firma, lo puede remediar.

* El autor es arquitecto tijuanense, pro ciudades compactas.