Reconocen trayectoria de Badiola

Sin duda uno de los gremios más golpeados por la pandemia ha sido el gastronómico, por lo que la labor de Miguel Ángel Badiola Montaño al frente de la Canirac y la pelea por la sobrevivencia de sus agremiados, de quienes hasta un 30% no lo logrará, será reconocida por los socios del Foro Cívico Tijuanense, que decidió otorgarle el Mérito Cívico Ciudadano 2020.

Si algo ha caracterizado al publirrelacionista de Grupo Caliente y ajonjolí de todos los moles, ha sido su capacidad pragmática para llevarla bien con grupos políticos de un color u otro, y cuyo colmillo se dejó ver en meses recientes, pues ante la crisis sanitaria que azotó al sector que encabeza, ha sabido ser el vaso comunicante entre autoridades e iniciativa privada, cualidad que no siempre tienen algunos líderes empresariales.

Badiola Montaño fue recientemente nombrado secretario general del Consejo Ejecutivo Nacional de Canirac, que reconoció a su filial en Baja California como ejemplo de cumplimiento de medidas sanitarias, incremento de afiliación y manejo administrativo, señalaron.

Recientemente se ha podido observar en vallas publicitarias la campaña del organismo para incentivar el apoyo a restaurantes locales, y tras este reconocimiento, sin duda

Miguel Ángel tendrá incentivos para afrontar el enorme reto de la recuperación de la industria tras la crisis sanitaria pero de frente a la crisis económica que se avecina.

Colapso

El aniversario número diez de la implementación del todavía llamado "Nuevo Sistema de Justicia Penal" en Baja California, más específicamente en Mexicali, pasó

prácticamente desapercibido. Si acaso, un boletín de la Fiscalía General del Estado donde hablaban de las bondades del sistema acusatorio adversarial.

De ahí en fuera, ya sea por la pandemia o la situación actual por la que atraviesa el Poder Judicial del Estado, a cargo apenas desde hace unos días del magistrado Jorge Ignacio Pérez Castañeda, parece que nadie se acordó de ese aniversario.

A diez años de distancia de haber sido instaurado en Mexicali por el entonces gobernador panista José Guadalupe Osuna Millán y la magistrada María Esther Rentería Ibarra, hay quienes consideran que el "nuevo sistema" ya está colapsado y la agilidad que supuestamente iba a tener ha quedado en el olvido.

Entre los abogados, sobre todo los penalistas, señalan que uno de los indicios de ese colapso son las fechas para la programación de las diferentes audiencias, algo que está a

cargo del "administrador judicial".

Por ejemplo, si la Fiscalía pide una audiencia para solicitar una orden de aprehensión, es programada para efectuarse hasta dos o tres semanas después de la petición.

O en el caso de las audiencias para juicio oral, son programadas para realizarse meses después de la solicitud, lo que implica que en caso de haber un imputado preso,

debe esperar hasta que haya lugar en la agenda, sea o no inocente de las acusaciones.

Eso en Mexicali, puesto que fue el primer municipio en Baja California en implementar el "nuevo sistema", mientras en el resto de la Entidad se pospuso varias veces hasta llegar

finalmente a la implementación en todos los municipios.

Amador Vs. referéndum

Varias reacciones fueron lo que provocó el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, cuando en un noticiero aseguró que se pagaron mil pesos por algunas de las firmas que presentaron partidos de oposición, grupos ciudadanos y empresarios ante el Instituto Estatal Electoral para solicitar un referéndum contra la reelección sin dejar el cargo, la denominada “Ley Gandalla”, aprobada por el Congreso local.

Y bueno, las reacciones en redes sociales no se dejaron esperar tanto de ciudadanos como de participantes y promotores del referéndum quienes calificaron las declaraciones del funcionario estatal como una falta de respeto a los ciudadanos.

Las firmas se encuentran ahora resguardadas por el Ieebc en una bodega, y será en los próximos días cuando se dé a conocer si el Instituto acepta o no la solicitud de referéndum,

lo cual sería histórico y bastante complicado, pues si acepta esto marcaría la primera vez que se realice en Baja California este ejercicio de participación ciudadana que, entre otras cosas, requeriría una ampliación de presupuesto que tiene que aprobar el propio Congreso del Estado.