Protocolo nacional LGBTI+

Soy un convencido de que el derecho debe ser igual para todos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha establecido reiteradamente que el principio de no discriminación es uno de los pilares de cualquier sistema democrático y que es una de las bases fundamentales del sistema de protección de derechos humanos establecido por la Organización de Estados Americanos (OEA). Tanto la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (DADDH) como la Convención Americana sobre Derechos humanos (CADH) fueron inspiradas en el ideal de que “todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

En concreto, todas las personas son iguales ante la ley y tienen los derechos y deberes consagrados en las declaraciones sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna

En México existe mucho historial de trabajo para promover los derechos humanos y las oportunidades para las personas LGBTIQ para desarrollar capacidades, documentar violaciones de derechos humanos, defender la inclusión y la igualdad.

Una realidad es que en el ámbito de la Seguridad Pública todavía se tiene un problema para llevar a cabo una adecuada inclusión y la igualdad a la comunidad LGBTI+, quizá por ello llama la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR) aprobó en el Registro Nacional de Personas Jurídicas (CNPJ) el “Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País, en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, para garantizar los derechos de personas LGBTI+.

La tranquilidad, mejor dicho la seguridad, es una de las cosas que más quieren las personas y por supuesto los que vivimos en Mexicali. Lo digo porque la semana pasada estuvo en Baja California el Presidente de la República, para que junto con la gobernadora fueran supervisadas la percepción, situación y realidad de la inseguridad en éste estado como en otros de igual forma se está haciendo.

En su oportunidad, el titular de la SEDENA hizo mención de que los tres grandes municipios de baja California registran 3.7 millones de habitantes y son precisamente Tijuana, Mexicali y Ensenada en los que se concentra el 89.7 por ciento de la población y es en donde también se concentra la mayor cantidad de incidentes delictivos.

Con un ejercicio de disgregación, el Secretario de la Defensa Nacional indicó que en la incidencia delictiva (en lo que va del actual gobierno estatal) en primer lugar está el robo de vehículos aunque se dice va a la baja; los delitos de alto impacto están en segundo lugar se tiene la trata de personas, con la incidencia hacia al alza; después están los homicidios dolosos, pero van a la baja y delitos de alto impacto, el total de también está a la baja y ocupa el segundo lugar.

En cuanto a incidencia delictiva en lo que va de la administración, aquí podemos ver en la lámina, ocupa en robo de vehículos, tiene el primer lugar, aunque la tendencia en este delito es hacia la baja; en un segundo lugar se registra la trata de personas, con la incidencia hacia la alza y, como tercero los homicidios dolosos también hacia la baja. Con estos datos es que los mandatarios revisaron la incidencia delictiva, para definir y poner en marcha un plan que garantice la paz y la tranquilidad de los bajacalifornianos.

La violencia en contra de personas lesbianas, gays, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y de otras categorías de la diversidad sexual (LGBTI+), es una variante de la violencia de género, es impulsada por el deseo de castigar a quienes se considera desafían las normas de género, y atentan contra las manifestaciones de la sexualidad socialmente aceptada.

Establecer las reglas de actuación que deberá seguir el personal de las instancias de procuración de justicia del país que intervengan en la investigación de hechos que la ley señala como delitos y la persecución de los responsables de aquellos, en casos que involucren a personas LGBTI+, a fin de poner en práctica acciones afirmativas con base en la orientación sexual, identidad de género, la expresión de género y/o las características sexuales, todas ellas sustentadas en el respeto y garantía de los derechos humanos, con una perspectiva de género y no discriminación.

Entiendo que la intención es de inclusión e igualdad. Pero con este y otros Protocolos de actuación que se tienen que aplicar por parte de los Servidores Públicos a personas LGBTI+, el mensaje es que en realidad siguen siendo discriminados y maltratados, tanto así, que se ocupa de un manual de cómo tratarlos como iguales, que triste que se tenga que recordarles a los funcionarios como deben tratar a personas.

Pero también con tantos protocolos, parece que cada quien ocupa atenciones diferentes, olvidando que lo más sencillo es que todos seamos tratados con la misma legalidad.

*El autor es Coordinador del Área Pericial del Instituto INJUS.