Prohibido prohibir

“Lo que resulta ideal es que vayamos hacía que no se tengan que prohibir las cosas, que todos actuemos con responsabilidad”

AMLO

Esta ha sido la frase del presidente Lopez Obrador para no evitar las aglomeraciones, la sana distancia y el uso del cubrebocas a pesar de la devastación que el COVID ha generado en la población, mismo argumento que utiliza en temas controversiales que requieren control y respuesta gubernamental.

Sin embargo, el presidente ha intervenido enérgicamente en dos temas que afectan el desarrollo económico y la creación de empleo: el reciente incremento del 15% al salario mínimo y la eliminación del esquema de subcontratación de personal (outsourcing).

En estos dos temas, las acciones del presidente pudieran interpretarse como una medida en contra del neoliberalismo rapaz que ha explotado a la clase trabajadora inmisericordemente.

Conocido es que aun con los incrementos que el salario mínimo ha tenido durante los últimos tres años, no cumple con el objetivo constitucional de satisfacer las necesidades básicas de un trabajador y las de su familia de alimentación, vivienda, salud y educación.

Igualmente, conocido es que muchas empresas, bajo el amparo del esquema de subcontratación, dejan de pagar a su} personal sueldos acordes al mercado y las prestaciones sociales de ley.

En ese sentido, la cruzada del presidente pareciera correcta. Sin embargo, según información estadística de INEGI (ENOE), existen altas probabilidades de que ambas medidas generarán afectación económica y por consecuencia desempleo, específicamente para el pequeño empresario (MiPymes). INEGI reporta que de los 5 millones de empresas que existen en el país, 99% son MiPymes, mismas que representan el 52% de la economía del país, y generan el 72% del empleo formal.

Los precedentes no son buenos. Durante el 2019, las personas sin empleo formal tuvieron su mayor incremento en siete años, y el primer retroceso en el empleo formal desde 2009.

Se estima que debido a la crisis del COVID, el 86.6% de las empresas del país se vieron afectadas, donde el 79.6% de esta muestra mencionó la pérdida de ingresos como principal causa.

Para el tercer trimestre de 2020, las empresas perdieron 3.1 millones de empleos, donde 2.1 millones fueron Mipymes, las grandes empresas perdieron 404 mil empleados, y el remanente para medianos empresarios.

En relación al outsourcing, según el Centro de Estudios para el Empleo Formal, 4.5 millones de trabajadores laboran bajo este esquema.

Según sus estimaciones, en caso de cancelar el outsourcing, el 80% de estos pasarían a la informalidad, perdiendo todos sus beneficios sociales, donde la crisis más severa caería en adultos mayores y jóvenes en su primer empleo.

Igualmente, eliminar el esquema restaría competitividad al país debido a que estos trabajadores cubren demandas específicas de mercado de las empresas donde trabajan.

Finalmente, las medidas a implementar por el presidente se dan en el peor momento de la recesión económica generada por la pandemia, donde para poder incrementar los sueldos las empresas se verán obligadas a despedir empleados.

Modificar los esquemas existentes por medio de leyes y decretos no es la solución para eliminar la pobreza. La mejor manera de generar empleos de calidad es a través de productividad, y mayor cantidad de empresas que requieran más trabajadores.

Como ya lo vivimos en la frontera, la competencia entre empresas eleva de manera natural los sueldos debido a que se obligan a pagar mayores sueldos y prestaciones.

*El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado