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PJE, problema en puerta

la situación en la que se encuentran al menos 24 jueces de primera instancia en la entidad, a quienes les pretenden aplicar en forma retroactiva una reforma a la Constitución local de 2007, donde se estableció que los Jueces durarán en su encargo máximo tres periodos de cinco años

Un nuevo problema que puede tener repercusiones jurídicas, económicas y sociales se está generando en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López. Se trata de la situación en la que se encuentran al menos 24 jueces de primera instancia en la entidad, a quienes les pretenden aplicar en forma retroactiva una reforma a la Constitución local de 2007, donde se estableció que los Jueces durarán en su encargo máximo tres periodos de cinco años, es decir quince años. Y esos quince años se cumplen precisamente en 2022. Del total de juzgadores en la entidad, al menos esos 24 jueces fueron designados en el cargo desde diciembre del año 1995, cuando la constitución no establecía un periodo de duración, sino que la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado indicaba que podrían permanecer hasta cumplir los 70 años de edad. Originalmente hubo una reforma a la constitución local donde indicaba que aplicaba para Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero finalmente éstos últimos se movieron y lograron que no se les aplicara. Obviamente a todos los que ingresaran a partir de la reforma se les iba a aplicar, pero ahora se pretende que también entren en el paquete "de salida" los Jueces que tienen al menos 30 o 40 años de experiencia y carrera judicial. En las indiscretas paredes del Poder Judicial del Estado se escucha que quien anda presionando para tratar de sacar a los jueces que considera "viejos", es el diputado ex panista de hueso azul convertido en morenista, porque le gusta tener la mano metida en el poder judicial, Juan Manuel Molina. Aparte, porque de echar a la calle a los 24 jueces, son 24 oportunidades para colocar su gente, principalmente su delfín Salvador "El Pony" Avelar Armendáriz, a quien en su momento logró ponerlo como Consejero de la Judicatura, candidato a diputado y ahora lo quiere hacer Juez. Solo que ante el posible embate, los jueces no se quedarán callados y ya analizan promover amparos por la aplicación retroactiva de la ley. Si son removidos del cargo, habrá largos juicios con costos enormes para el erario, porque se tendrían que pagar a jueces provisionales. Y de ganar la reinstalación los jueces titulares, les tendrían que pagar una millonada por salarios caídos. Esta "película" ya se vivió en el Poder Judicial del Estado una vez, cuando por un capricho partidista por medio de un juicio político echaron del cargo a los magistrados, quienes tras casi dos años ganaron el amparo y tuvieron que ser reinstalados, pagándoles del erario casi 2 millones de pesos a cada uno. Dicen que el presidente del TSJE Alejandro Isaac Fragozo López está consciente del problemón que se vendría en caso de sacar a los jueces "viejos". También se ha comentado que la diputada Claudia Agatón trae entre sus manos una iniciativa de reforma a la constitución local, precisamente para eliminar esa disposición que perjudica a los juzgadores.

CATALINA SALAS AL FRENTE DE ABOGADOS

Por primera vez por elección, una mujer asume la presidencia de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados de Baja California (Fedabo), se trata de Catalina Salinas Bravo. La Fedabo está integrada por aproximadamente 22 organismos, en la elección estuvieron 17, de los cuales 13 tenían derecho a voto, y ella obtuvo 11 votos para convertirse en la presidenta y recientemente tomar protesta. Entre las prioridades que tiene al frente del organismo dijo que está la dignificación del trabajo del abogado, la capacitación y además participar para que mejoren los tiempos en la impartición de justicia. Ella lleva más de 30 años en el ambiente jurídico, es egresada de la UABC, fue la primera mujer presidenta del Colegio de Abogados Constitucionalistas, tiene maestría en Administración Pública y Especialidad en Gobiernos locales. Ha sido servidora pública a nivel local, estatal y federal, además ha participado en las reformas de varios reglamentos. Señaló que la reforma penal no ha dado los resultados, es una asignatura pendiente, pues no se consultó con los abogados. “La relación entre abogados y autoridad siempre ha sido cordial, pero es responsabilidad de todos que la justicia no sea tan ágil, la idea es seguir empujando que la justicia sea de acceso rápido a las personas”, manifestó.

VALIDAN BODAS GAY

Luego de que los ayuntamientos de Tecate, Mexicali y al final Tijuana votaran a favor de los matrimonios igualitarios en Baja California, esto ya es una realidad en la entidad. La sesión del Cabildo de Tijuana fue el viernes a mediodía, ya casi en el límite que al parecer era el sábado. A la misma acudieron a manifestarse grupos a favor y también en contra de esta reforma. Por cierto, comentan que curioso resultó que el secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Joel Guardado Reynaga, batallaba para contar, cuando en realidad eran pocos votos. Y al parecer no le gustaba que los ediles le hicieran señalamientos al respecto. La alcaldesa Karla Ruiz MacFarland votó a favor, lo cual ya se esperaba pues ella ha sido muy activa en los apoyos a favor de la comunidad LGTB.

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