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Columnas Necropsia urbana

Liberaciones de Estado

Hace unos días la ciudad de Culiacán, Sinaloa sufrió una serie de ataques criminales que aterrorizaron durante horas a los habitantes de esa ciudad...

Por Marco Antonio Hermosillo

Hace unos días la ciudad de Culiacán, Sinaloa sufrió una serie de ataques criminales que aterrorizaron durante horas a los habitantes de esa ciudad al incendiar vehículos que arrebataron a sus propietarios y bloquearon varias  vialidades para evitar que la policía tuviera apoyo; los delincuentes pretendían rescatar a Ovidio Guzmán López, hijo del “Chapo” Guzmán quien fue detenido en una casa junto a tres personas.
Tiempo después aconteció algo poco imaginable, se dio una liberación de estado al dejar en libertad al hijo de “El Chapo” Guzmán bajo el argumento de proteger vidas inocentes, así lo dijo Alfonso Durazo, secretario de Seguridad federal.
Ya se había explicado que Guzmán López fue ubicado en un patrullaje de rutina en la colonia Tres Ríos, pero los militares fueron rodeados por una “fuerza mayor” y por ello se acordó “suspender acciones”, sin aclarar varios detalles.
Pero esa no ha sido la única ocasión que alguien no es detenido a pesar de un claro señalamiento en alguna actividad delictiva: recordemos que en 1993 Jorge Carpizo, entonces titular de la PGR, no quiso detener a Ramón y Benjamín Arellano Félix a pesar de que el primer nuncio apostólico de México, Girolamo Prigione los ubicó en la Nunciatura Apostólica.
Está documentado que en una reunión celebrada el 13 de diciembre de 1993 en la Nunciatura Apostólica de la Ciudad de México, entre Girolamo Prigione y los hermanos Arellano Félix para dar su versión sobre el asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, ocurrido meses antes en el aeropuerto Internacional de la ciudad de Guadalajara, Jalisco; dicha reunión refirió Carpizo se llevó a cabo a petición de los narcotraficantes para que el monseñor Prigione fuera el intermediario para hablar con el Presidente de la República y mencionarle que ellos no habían participado en el asesinato del cardenal Posadas Ocampo; el titular de la Procuraduría General de la República, Jorge Carpizo, supo del encuentro y sugirió al presidente Carlos Salinas no hacer nada para detener a los narcotraficantes. Otro caso, uno local pero del ámbito federal:
El sargento retirado de la infantería de marina de Estados Unidos Andrew Tahmooressi, veterano de la guerra en Afganistán, aseguró que el 31 de marzo del 2014 había ingresado a México por error pero los militares y agentes del Servicio de Administración Tributaria, que controla las aduanas mexicanas procedieron a su arresto, no creyeron su versión. Fue enviado a prisión, donde permaneció varios meses y enfrentó un juicio acusado de introducir ilegalmente armas a nuestro país.
Congresistas país del norte enviaron cartas al juez que llevó el caso en Tijuana, para exigirle que liberara a su compatriota. Además, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó dos resoluciones en las que demando al gobierno mexicano la liberación del ex infante de marina, e incluso solicitan una sanción económica a México.
Al final el portavoz de la familia del Marine, dijo que el juez decidió dejar en libertad al infante de marina de Estados Unidos Andrew Tahmooressi, por desistimiento del Ministerio Publico.
Para qué tanta farsa si el Estado sigue decidiendo.

* El autor es Coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.

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