Edición México
Suscríbete
Ed. México

El Imparcial / Columnas / Columna Tijuana

La razones de un Consejo Ciudadano

“¿Cerrado por falta de ciudadanía?”

La seguridad es primordialmente responsabilidad de los tres órdenes de gobierno.

Sin embargo, es responsabilidad de los ciudadanos involucrarnos y ser contrapeso exigiendo estrategias, avances y resultados parte de los gobiernos en materia de seguridad, en el entendido de que los mismos tienden a minimizar los problemas y sobre optimizar sus resultados.

¿Cuándo fue la última vez que un gobernante admitió que la seguridad está fuera de control, qué existe un grave problema de feminicidios y que el número de homicidios, asaltos y robos van al alza?

La Constitución Mexicana incluye la participación ciudadana como una de las bases del sistema nacional de seguridad pública.

Igualmente, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Publica demanda la participación ciudadana en el tema, y lo “aterriza” al tener cinco invitados permanentes de la sociedad civil dentro del Consejo Nacional de Seguridad que dirige el Presidente de la República, y está conformado por todos los gobernadores de la República y el gabinete federal de seguridad.

La Constitución Política de BC establece paralelamente los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana en los temas de seguridad de nuestro estado, articulados en la Ley de Seguridad Pública, que en su artículo 81, instrumenta esta participación a través de la conformación de un Consejo Ciudadano de Seguridad Pública Estatal (Ccspbc), y un Comité de Seguridad Pública (Ccspm) para cada uno de los cinco municipios del Estado.

Según la misma ley, estos Consejos Ciudadanos tendrán las facultades LEGALES de emitir opinión y propuestas sobre iniciativas de ley en el tema, evaluar el desempeño de las diversas instituciones de seguridad publica en el Estado, elaborar estudios y encuestas en el tema, debiendo promover la cultura de la legalidad y la conformación de redes ciudadanas.

El Ccspbc está actualmente conformado por quince miembros; ocho ciudadanos y siete gubernamentales, cumpliendo con el lineamiento legal de que se debe integrar MAYORITARIAMENTE por ciudadanos. Los nombramientos son totalmente honoríficos y no reciben sueldos ni emolumentos por su función.

La parte ciudadana del Ccspbc está conformada por tres consejeros estatales representantes de los sectores académico, civiles y empresariales; y los cinco presidentes de los Ccspm de cada municipio.

A su vez, la parte gubernamental está conformada por siete funcionarios: el Fiscal General como cabeza, los cinco titulares de seguridad de cada municipio, y el recientemente incorporado presidente del tribunal superior de justicia, que reemplazó a la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

El Ccspbc y los Ccspm’s son los ÚNICOS organismos LEGALMENTE facultados para dar voz y representatividad a todos los ciudadanos, con el único objetivo de vivir seguros.

Sin embargo, y ante la necesidad de cambiar el reglamento del Ccspbc para incorporar oficialmente al Tribunal Superior de Justicia, la Secretaria General de Gobierno del Estado, en un acto arbitrario, fuera de los acuerdos previamente acordados entre el Ccspbc y la FGE, incorporó una mayoría de funcionarios públicos por encima de los ciudadanos.

Estos cambios en el reglamento eliminan la mayoría ciudadana que debe tener el Ccspbc, nulificándolo legalmente y violando su espíritu de fondo, que es más participación de la sociedad ante el gran problema de inseguridad que nos afecta a todos, convirtiéndolos a ellos en juez y parte.

La iniciativa del Gobierno de Baja California es otro golpe a los ciudadanos. Como en la lucha contra el C5i, hemos recurrido a los tribunales presentando un amparo. La justicia nos dará la razón.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

En esta nota