La Seguridad en discordia

En una muestra más de la injerencia de quienes se niegan a perder el poder para intervenir en las decisiones que está queriendo tomar la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, el exgobernador Jaime Bonilla Valdez intenta ahora a través de sus incondicionales alcaldes de Tijuana, Ensenada y Rosarito, descarrilar la aprobación del regreso de la Secretaría de Seguridad Pública, hoy con el nuevo apellido de Ciudadana.

De acuerdo con la Constitución, para que la reforma aprobada ya en el Congreso del Estado con el voto en contra de los legisladores del Partido del Trabajo y tres morenistas leales a Bonilla Valdez, se necesita ser ratificada por cuatro de los siete ayuntamientos del Estado. Hasta ahora la han aprobado el Concejo de San Quintín, y los cabildos de Tecate y Mexicali.

Y por lo que hemos visto y escuchado de la alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, en lo particular hará hasta lo imposible porque el cabildo de la coqueta ciudad rechace la propuesta, como seguramente lo intentará el presidente Municipal de Ensenada, otro súbdito de Bonilla, Armando Ayala. La decisión, parece ser, estará en Playas de Rosarito que preside Aracely Brown.

Aunque seguramente el gobierno de Marina el Pilar encontrará la forma para “convencer” a uno de estos ayuntamientos para aprobar la reforma, lo interesante a corto plazo será ver hasta qué punto la actual administración estará dispuesta a permitir que el exgobernador pretenda inmiscuirse en las decisiones del nuevo gobierno.

Es cierto que, en este caso, es válido cuestionar el principal y único argumento de la alcaldesa de Tijuana, relacionado con el supuesto regreso de la Policía Estatal Preventiva, una institución de funesta memoria. Lo que Monserrat Caballero pierde de vista es que la PEP no es toda la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni viceversa.

Cierto es que quienes finalmente estarán a cargo de la renacida Secretaría de Seguridad, tendrán que poner especial cuidado en el reclutamiento y la actuación de los elementos de esta corporación, la institución en general, sus funciones, sus responsabilidades y compromisos que van mucho más allá que la pésima imagen que le han dado algunos malos agentes.

Porque es verdad también que ni a Bonilla ni a los diputados de la pasada legislatura, entre ellos la hoy alcaldesa de Tijuana, Monserrat Caballero, les interesó atender los reclamos en contra de una de las policía más corruptas y criminales que han operado en Baja California, sino satisfacer los anhelos de poder del todavía fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, compadre del exgobernador.

Porque la desaparición de la SSP sólo vino a alimentar el ego personal y ambición de un funcionario que, a pesar de concentrar un enorme presupuesto público y una gran fuerza operativa, no ha podido resolver la creciente inseguridad que vive Baja California y tiene a Tijuana, la ciudad que preside Monserrat Caballero, en el nada honroso primer lugar en asesinatos a nivel nacional.

¿Será la nueva Secretaría la opción que contribuya a prevenir y reducir la alarmante ola criminal que vive el Estado? Es difícil asegurarlo, pero dependerá de quienes queden al frente de la misma y, sobre todo, de la estrategia a desarrollar y en la que, necesariamente para que tenga éxito, deberán involucrar a la mayoría de los sectores de la población.

Colocar a las personas adecuadas en los puestos adecuados podrían alimentar esa esperanza de éxito. Si se equivocan, darán la razón al exgobernador y su compadre Titi.

* El autor es periodista con 45 años de experiencia, licenciado en periodismo, asesor en comunicación y marketing político, consultor de medios.