Gobierno abre puerta a delincuentes

El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, informó que a las 15:30 horas, “una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento ‘Tres Ríos’ de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda”; los uniformados repelieron la agresión y tomaron control de la vivienda en la que había varias personas, entre ellas Ovidio Guzmán López, al no informar la autoridad una versión oficial se permitió especular y surgieron varias versiones, hasta que el abogado de la familia Guzmán informó que su cliente estaba libre y se había comunicado con ellos.

Fue hasta después de las 10 de la noche que fuentes federales confirmaron que Ovidio Guzmán sí se había detenido en la vivienda de ‘Tres Ríos’ por contar con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos, pero después lo dejaron ir para evitar más violencia en la ciudad; con esta decisión tomada, el mensaje que se envió fue claro: si se genera violencia mejor los dejamos ir.

Para justificar lo injustificable, el secretario de Seguridad Pública comunicó que el operativo con el cual se buscó detener a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, fue precipitado y mal planeado por parte de agentes ministeriales militares y de integrantes de la Guardia Nacional que no midieron las consecuencias que iba a desatar; solo recordarle a el secretario Alfonso Durazo que la flagrancia así se determina por la sorpresa del acto delictivo.

Por su parte el Secretario de la Defensa reconoció que el gobierno desestimó el poder de convocatoria y la capacidad de respuesta de los grupos criminales que operan en el estado e informó que al advertir el alto índice de violencia que se produjo, derivada de la retención de Guzmán López se decidió retirar a los elementos federales que lo tenían bajo su custodia; esta declaración exhibe la falta de preparación gubernamental pero no la operativa de sus elementos.

Esta acción es el resultado de las comparsas gubernamentales con los delincuentes de administraciones pasadas, ellos les dieron oportunidad de exigir su derecho a ser respetados a cambio de lo que pagan por su protección y servicio más lo que venga.

La prudencia política o precaución para evitar verse envuelto en escándalos sociales con el crimen organizado genera incertidumbre respecto si el Gobierno federal por medio de sus cuerpos de seguridad pública persigue, negocia o tolera a los criminales.

Por otra parte a quien le aplicaran el artículo 150 del código penal federal Mexicano “…al que favoreciere la evasión de algún detenido, procesado o condenado. Si el detenido o procesado estuviese inculpado por delito o delitos contra la salud, a la persona que favoreciere su evasión se le impondrán de siete a quince años de prisión…” para justificar dijeron que no estuvo detenido, pero sí es un inculpado.

Aiga sido como aiga sido, esa decisión es una vergüenza nacional y la admisión que la seguridad pública está rebasada por el crimen organizado.

* El autor es coordinador del área pericial del Injus.