Columnas

El Tribunal Estatal Electoral de BC

“Cuatro características corresponden al juez: escuchar 
cortésmente, responder sabiamente, ponderar 
prudentemente, y decidir imparcialmente”

Sócrates

Un Tribunal de Justicia Electoral es un órgano especializado del Poder Judicial encargado de resolver controversias en materia de elecciones, proteger los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, e impartir justicia en materia electoral.

Existen tribunales electorales estatales y federales. Normalmente, una controversia en materia electoral se inicia a nivel estatal, y si el resultado genera desacuerdos o controversias, las partes afectadas lo pueden llevar a nivel federal para su resolución final.

Como buen árbitro, los magistrados de procesos electorales deben mantenerse neutrales, generando certidumbre y evitando controversias.

Desafortunadamente, dos de los tres jueces que integran el Tribunal Electoral de BC, han desempeñado un protagonismo inusual durante el actual proceso electoral, beneficiando principalmente a los candidatos de Morena.

Los magistrados Leobardo Loaiza y Jaime Vargas han dictaminado tres sentencias que están generando  gran incertidumbre a la gobernabilidad del estado.

En la más reciente, y por segunda ocasión, se pronunciaron subjetivamente para un periodo de más de dos años para el cargo de gobernador del estado.

En la primera, habían emitido un pronunciamiento a favor de una supuesta candidata de Morena que había impugnado el periodo de dos años, generando los magistrados la resolución cuando la susodicha ya no era candidata, sentencia que anuló el tribunal federal.

En esta segunda instancia, se pronuncian ahora en interés del candidato postulado por Morena, invalidando el ordenamiento del Congreso del Estado que requería por única ocasión, que los candidatos que resulten electos en el presente proceso electoral, cumplieran periodo de dos años con el objetivo de empatar el periodo electoral con el federal del 2021, esto de acuerdo a la Constitución Federal.

Con esta resolución, los magistrados otorgan una gubernatura de 6 años en base a una solicitud individual, para el beneficio particular de un solo competidor, a todas luces extemporánea y a unas cuantas semanas de la jornada electoral.

Por un lado, ¿se mantiene el empate electoral para el resto de los candidatos teniéndose que convocar a elecciones en  2021 para alcaldes y diputados, y en 2022 solo para gobernador? ¿O se invalida en su totalidad la reforma política del 2014 que dio pauta no solo para el empate electoral, sino también para la reelección de alcaldes y diputados, candidaturas independientes, y revocación de mandato?

Si lo segundo aplica, ¿se tendrían que sustituir a todos los candidatos actuales que están en proceso de reelección?

Estos jueces, según resoluciones previas y jurisprudencia de la SCJN, tienen la obligación de estar enterados y emitir sentencias bajo la base que no es la primera vez que diversos partidos intentan promover acción de inconstitucionalidad a una gubernatura de dos años, mismas que no han tenido éxito.

No obstante, deciden volver a juzgar bajo el mismo criterio, dejando en desamparo el derecho de miles de electores de tener conocimiento cierto del periodo de su próximo gobernador.

Independientemente de la resolución final que emita el tribunal federal sobre el caso, debemos estar conscientes estos magistrados estarán juzgando cualquier controversia que se genere durante el periodo post electoral.

El Consejo de la Sindicatura debe tomar cartas en el asunto y abrir una investigación seria sobre el actuar de estos jueces, esto con el objeto de prevenir futuras controversias.

*El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

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