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El Estado soy yo-AMLO

El primer antecedente histórico del juicio de amparo lo podemos encontrar en la Constitución Yucateca de 1841, auspiciada por Manuel Crescencio Rejón.

Por Roberto Quijano Luna

El primer antecedente histórico del juicio de amparo lo podemos encontrar en la Constitución Yucateca de 1841, auspiciada por Manuel Crescencio Rejón. El jurista liberal adujo en debates constituyentes la importancia de contar con un mecanismo procesal por medio del cual los ciudadanos pudiesen defenderse de actos de autoridad que violaran “El Código Fundamental o las leyes” y representarán agravios a sus garantías individuales.

Posteriormente, el juicio de amparo fue reconocido como un derecho procesal en las constituciones de 1847, 1857 y 1917. Actualmente, el juicio de amparo es un derecho procesal constitucional accesible a toda persona que 1) tenga un derecho/interés legítimo y 2) alegue que un acto de autoridad viole derechos constitucionales.

En fechas recientes, el juicio de amparo en contra de la reforma la Ley de la Industria Eléctrica ha estado en el centro de discusión. Dicha reforma aprobada por Morena pretende reposicionar a la CFE como actor central en el sector energético. Esto en detrimento de dos reformas constitucionales: 1) energética, que abrió el sector eléctrico a la participación de privados y 2) competencia económica, que garantiza la libre competencia y no monopolios. Por lo tanto, la reforma de Morena viola la constitución.

Diversas empresas iniciaron un juicio de amparo precisamente aduciendo los puntos anteriores. Los jueces de distrito concedieron una suspensión provisional de aplicación general bajo el argumento de no otorgar una ventaja competitiva y no causar distorsiones en el mercado. En tanto no se conceda una suspensión definitiva, la reforma de Morena no puede ser aplicada.

El actuar del poder judicial enfureció a AMLO porque no le concedieron la razón. En su visión estatista setentera, el Estado vía CFE debe ser un actor central en el sector energético. Todo lo que sea relacionado con inversión privada y extranjera es malo. Esto a pesar de los bajos costos en el precio de electricidad y reducción de emisiones mediante energías renovables. Nada de eso. El demagogo en jefe quiere energías sucias y caras. Su limitado entendimiento de las cosas no da para más.

Ante este complicado camino legal, AMLO prefirió recurrir a linchar a uno de los jueces que concedió la suspensión temporal y amenazó con recurrir al Consejo de la Judicatura. Para lograr esto, envió una misiva al presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para que tome cartas en el asunto.

Una vez más AMLO y Morena demuestran su naturaleza dictatorial. Quieren acabar con nuestras instituciones para cumplir con todos sus caprichos. Cuando un juez u organismo autónomo no le da la razón, los convierten en villanos al servicio de mafias. El Estado es AMLO o no es Estado.

Lo peor es que estas actuaciones del presidente tienen sus secuelas en los estados. En Baja California, el gobierno estatal se siente envalentonado por los atropellos de AMLO y hacen sus réplicas baratas aquí. Extender mandatos, expropiar propiedad privada, extorsionar a ciudadanos, liberar casetas, regalar terrenos ilegalmente, atacar a periodistas y adversarios. Esto es solo el comienzo. Morena va por el camino del autoritarismo progresivo.

*- El autor es abogado y estudiante de maestría en administración y políticas públicas.

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