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¿Debemos participar en la consulta?

La consulta en la que estaremos definiendo nuestra postura respecto al proceso de investigación formal, de las administraciones de los expresidentes de la república, tiene un fondo importante que debemos prever y promover: la fiscalización de las actividades de todos los funcionarios públicos.

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La consulta en la que estaremos definiendo nuestra postura respecto al proceso de investigación formal, de las administraciones de los expresidentes de la república, tiene un fondo importante que debemos prever y promover: la fiscalización de las actividades de todos los funcionarios públicos. Hasta ahora solo hemos sido denunciantes del mal uso de los recursos financieros de los ayuntamientos. Nuestras quejas las hemos dirigido a las autoridades pertinentes, como son las agencias del ministerio público, los congresos de los estados y a organismos internacionales como la Comisión Internacional de los Derechos Humanos. La respuesta que se ha obtenido es la omisión, el desinterés y el encubrimiento a los delincuentes gubernamentales. Las evidencias que hemos proporcionado no han tenido el peso suficiente como para mover la corroída maquinaria del oficialismo. El sistema judicial, los diputados y senadores, así como los legisladores locales, son un escudo fuerte y vigoroso en la protección a los corruptos.

No hay un rastro visible de procesos de investigación de exfuncionarios por delitos relacionados con sus administraciones. Terminan sus encargos y aunque los organismos fiscalizadores de sus estados les hagan observaciones importantes, que impliquen investigaciones judiciales con castigos carcelarios de comprobarse los delitos, el enorme aparato corrupto les brinda protección y aletarga los procesos judiciales existentes. Por consiguiente, podemos ver a expresidentes, exdiputados, exsenadores, etcétera, disfrutando y alardeando de la impunidad que disfrutan. De haber sido funcionarios públicos de segundo nivel, pasar a ser diputados y después presidentes municipales, se convierten en millonarios, como así sucede, por ejemplo, con los exfuncionarios de Tecate.

Es importante que definamos en este ejercicio ciudadano, que estamos por la investigación judicial de todos los funcionarios, cuando han finalizados sus administraciones. La declaración patrimonial, que es actualmente una obligación presentarla al inicio y al final de los gobiernos, debe ser extendida hasta el grado de que sea pública y abierta a cualquier ciudadano interesado en conocerla. Aunque parezca una letanía, no se debe dejar de señalar a Joaquín Sandoval que de ser un maestro nivel preparatoria, alardea de tener caballos pura sangre y, al parecer posee un rancho; en el caso del chavacano Juan Vargas Rodríguez, que es un terrateniente con múltiples propiedades a las cuales se les debe de seguir el rastro; a Javier Ignacio Urbalejo Cinco que era un profesionista mediano, y pasó a tener un enriquecimiento inexplicable; a César Romero González de Castilla que pagó varias obras millonarias que no se realizaron, y a Nereida Fuentes que de ser una funcionaria de cuarto nivel, después de ser regidora, diputada y alcaldesa, ahora se dice que tiene un rancho donde cría cerdos y vende su carne en sus propios mercados. De esta manera cada ciudad puede hacer su propio recuento de ladrones. ¿Cómo de la noche a la mañana pudieron hacerse de los recursos que ahora poseen? ¿Por qué no se les han fincado responsabilidades o, como debe de ser, se les ha liberado de cualquier acusación que se les ha hecho por no poder ser sustentada? Si aprobamos la investigación en la votación del primero de agosto, estaremos dando pasos firmes para ponerle un alto al robo descarado de los recursos financieros de nuestras ciudades. ¡Ya basta de tanta desvergüenza! Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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