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Celulares e información personal

“El pueblo es un menor de edad al que hay que llevar de la mano a su destino”Porfirio Díaz

Bajo el argumento de combatir el secuestro y la extorsión, congreso y gobierno federal publicaron un decreto que obliga a todo usuario de telefonía celular a proveer sus datos biométricos, que incluyen huellas dactilares, reconocimiento facial y del iris, donde en caso de no proporcionarlo provocaría la cancelación del servicio.

La ley ha generado inquietud y preocupación en la población, debido a que existen elementos de inconstitucionalidad por la violación del derecho a la privacidad, incluyendo la posibilidad del uso indebido de estos datos personales, donde la cancelación de la línea constituye igualmente una violación al derecho a la información y a la libre expresión cuando el celular es utilizado para accesar a las redes sociales.

La nueva disposición afecta a más de 120 millones de usuarios, donde adicional a la cancelación de la línea, aquellos usuarios que no proporcionen su información pueden ser sujetos a una multa de $89 mil pesos.

Solo en naciones autoritarias como Venezuela, Afganistán, Arabia Saudita y China, existen estas bases masivas y centralizadas de información personal como la que México pretende implementar. El gobierno mexicano promete nunca ejercer acciones de espionaje a través de esta información.

Ya se intentó implementar este padrón en 2009, llamado RENAUT, que igualmente buscaba combatir la delincuencia, iniciativa que fue cancelada en 2012 y que culminó en un rotundo fracaso.

El gobierno ha probado tener serias deficiencias en la salvaguarda de sus bases de datos, donde a diferencia de una contraseña, los datos biométricos son inmutables, por lo que, si alguien tiene acceso a esta los mismos, podría utilizarla para acceder a cuentas bancarias y créditos personales. Entre noviembre 2019 y julio 2020, siete dependencias públicas del gobierno federal, incluyendo PEMEX, fueron vulneradas por ciber atacantes.

La aplicación de esta nueva ley no garantiza la disminución de las extorsiones, esto debido a que la inmensa mayoría de estos se cometen desde penitenciarias, con celulares que ingresan clandestinamente, con chips “piratas” que se obtienen en el mercado negro, y que con la simple utilización de inhibidores de señal celular se podrían eliminar.

Si a alguien le roban su celular y cometen un delito con este, no existe claridad de que no vaya a ser culpado del ilícito cometido, donde igualmente autoridades judiciales podrían acceder sin orden judicial y discrecionalmente a la información de la base de datos.

El IFT, órgano regulador en la materia, estima implementar este padrón requerirá más de $700 mdp del erario, acción que representa un contrasentido del gobierno federal, donde los presupuestos en materia de seguridad no han crecido, y durante 2021 se canceló el programa FORTASEG para fortalecimiento policial.

La facultad de perseguir los delitos NO puede darse como una medida en detrimento de los derechos y garantías de las personas e invasión de la privacidad. Proporcionar los datos biométricos colocaría a las personas en una posición de vulnerabilidad en relación a un posible robo de identidad, exponiéndolas a riesgos innecesarios.

La ley pareciera ser mas un instrumento de control gubernamental que de combate a la inseguridad. Un juez ya otorgó el primer amparo en contra, advirtiendo que la obligación de entregar datos personales y biométricos afecta derechos, asegurando igualmente que no necesariamente sirve para perseguir delitos.

Desafortunadamente, la nueva medida parece ser el preludio de una nueva tormenta y lluvia de amparos.

*- El autor es Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado

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