Columnas ¿Congreso congruente?

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La XXII Legislatura de Baja California aprobó el 9 de junio del presente año, la reforma a los artículos 16 y 7 de la Constitución Política de Baja California, permitiéndoles a los diputados, presidentes municipales, regidores y síndicos procuradores ser reelectos. La prisa con la cual procedieron solo muestra la actitud gandalla de estos diputados, que no han hecho caso de las solicitudes de juicio político en contra de presidentes municipales y otros funcionarios corruptos. De hecho, pasaron sobre otros asuntos importantes que esperan ser atendidos, porque quieren asegurar la posibilidad de ser reelectos para otro período más de chabacanería, de vivir a costa de la población y de desatender los asuntos primordiales de la ciudadanía. Su estancia en las curules solo les ha servido para su beneficio personal y para comenzar a pavimentar el camino al "chapulinazo" o la reelección. Los segundos enterados de las malas administraciones municipales son precisamente los legisladores (primero lo sabe el Orfis) y a ellos les corresponde de manera legal, moral y ética, el seguimiento de los asuntos que se relacionan con el mal manejo de los recursos financieros, la obra pública y todos los temas relacionados con la administración gubernamental. Los resultados de la revisión de las cuentas públicas que reciben los legisladores les muestran qué se hizo y qué se dejó de hacer, y ya desde allí deben de proceder judicialmente en contra de los que cometen peculado u otros delitos. Sin embargo, nada hacen y protegen e impulsan la corrupción de manera descarada. Con esto incumplen con el juramento que hicieron cuando fueron electos, pero también con las leyes que les obligan a investigar las actitudes delincuenciales de los servidores públicos. El próximo año comenzarán, de manera abierta, a promoverse electoralmente para cualquier candidatura. No les importa a los diputados si violan las leyes o infringen reglamentos, ellos buscan su beneficio particular. Benjamín Gómez, diputado por el Distrito 07, se benefició personalmente siendo el coordinador de la campaña para senador de Alejandro Arregui, sin solicitar un permiso sin goce de sueldo a la diputación, pues esta nueva actividad le redujo el tiempo que debió laborar en la XXII Legislatura. Esto es a todas luces corrupción, pues desatiende sus labores en beneficio de su partido y un candidato que seguramente perderá. El Congreso del Estado es una olla descompuesta que solo les genera beneficios económicos y políticos a los legisladores. Cuando no atienden las denuncias de la población en contra de los funcionarios deshonestos, y no investigan las conductas ilegales que han cometido, comenzando con el Gobernador, están afectando de manera directa al país, el estado y los municipios. Esta es una de las principales razones que tenemos los electores para pensar en un candidato con una visión específica de la legalidad. El voto que depositaremos este domingo, será otorgado con la esperanza de que nuevos aires limpien la corrupta atmósfera que nos asfixia. No queremos a los candidatos de los partidos que, administración tras administración, se han aprovechado de nuestros recursos; que han hecho caso omiso de las leyes; que han protegido al crimen organizado y que han hecho de Baja California un Estado peligroso, inseguro, con una creciente ola de corrupción y unos gobiernos cerrados y preocupados por seguirse enriqueciendo. Vale. * El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.

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