Columnas Por la cultura de la legalidad gubernamental

Diálogo empresarial

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Un principio de lógica jurídica y equidad elemental es que las reglas de un proceso deben quedar bien definidas y aceptadas antes de que éste comience. El proceso electoral 2019 ya está en marcha desde el pasado 9 de septiembre y concluirá el próximo 2 de junio. Nuestra Constitución y las leyes electorales son muy claras: cualquier reforma que venga a cambiar la dinámica del proceso electoral debe ser promulgada mínimo 90 días antes de éste comience. Una jurisprudencia de la Suprema Corte refuerza este principio. Algunas voces piden cambiar las reglas y establecer que el próximo Gobernador dure en el cargo cinco años y no dos como se acordó originalmente desde 2014. La inquietud es entendible, pues un periodo gubernamental de dos años y medio sería insuficiente para emprender un proyecto de trabajo a profundidad. Experiencias similares se vivieron en Puebla y Veracruz donde en dos años poco o nada alcanzaron a hacer los gobernadores. Las razones por las que en 2014 se emprendió esta reforma constitucional que establece un periodo de dos años para la gubernatura, las alcaldías y las diputaciones locales, misma que el Consejo Coordinador Empresarial apoyó, fue para poder empatar la elección del Gobernador de Baja California con el proceso electoral federal intermedio en donde se renueva la legislatura. Históricamente esa elección intermedia ha sido la de más elevados índices de abstencionismo. Al empatarla con la renovación de la gubernatura, sin duda se generaría una mayor participación ciudadana, mientras que la elección estatal en donde se renuevan ayuntamientos y diputaciones locales empataría con la elección presidencial. En 2021 celebraríamos la elección para renovar el Congreso federal en México, y al mismo tiempo renovaríamos gubernatura, alcaldías y legislatura en Baja California. A partir de este año, la gubernatura volvería a su periodo tradicional de seis años y los ayuntamientos y diputaciones retomarían el esquema de trienios. Es solamente un periodo de transición absolutamente indispensable para poder lograr esta homologación electoral. Gracias a esta reforma, tendríamos dos procesos electorales por sexenio y no cuatro como ocurre actualmente. El ahorro en recursos públicos sería enorme, se evitaría el desgaste político y social que genera la saturación electoral y además lograríamos posicionar temas prioritarios para los bajacalifornianos dentro del gran debate nacional. Baja California tiene en este momento muchísimos retos: acabar con la ola de violencia e inseguridad que vulnera a nuestras familias, cerrar la brecha de la desigualdad e incrementar la productividad y la competitividad en la entidad. Estos grandes temas comienzan por el pleno ejercicio de una cultura de la legalidad y el respeto a nuestras instituciones. No estamos cerrados a priori frente a esta discusión, pero creemos que no se puede tomar a la ligera una decisión tan trascendental y se requiere un profundo ejercicio de reflexión ciudadana en donde participen organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresariales, académicos y expertos juristas. Un proceso electoral cuyas reglas se modificaran en forma extemporánea, pondría en duda su certeza jurídica y su legitimidad y sentaría un mal precedente que podría derivar en una demanda que lo enturbiara. Como sociedad debemos pugnar por el bien mayor para Baja California y más allá de si el próximo periodo es por dos o cinco años, debemos pensar en el respeto a la ley y a las instituciones, en los grandes retos que en este momento enfrentamos y en una visión de largo plazo para construir la entidad que heredaremos a nuestros hijos. * El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial Tijuana.

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