Columnas ¿Quién vigila a las Procuradurías?

Casillero

Por Ignacio Calderón Tena

“Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo.” Abraham Lincoln Cuando escuchamos que determinado delincuente sale libre, evadiendo la acción de la justicia, nos surgen varias hipótesis, todas ellas relacionadas con la mala actuación de los servidores públicos encargados, unos de la procuración de justicia (léase ministerios públicos y en general las distintas procuradurías), otros de la administracion e impartición de la justicia, (jueces, magistrados e incluso ministros de la Suprema Corte). El hecho es que una mala actuación también es constitutiva de un delito. Recordando la vieja definición de delito es: “la acción u omisión que sancionan las leyes penales” y en el caso de las omisiones resulta más difícil demostrar la actitud dolosa de alguien que es omiso en el cumplimiento de la ley, especialmente cuando le toca aplicarla en contra de quien ha dañado a un integrante de la sociedad. Dicho de otra manera, es difícil demostrar que alguien que debía sancionar a un posible delincuente, no pone todo su intelecto y conocimiento en lograrlo. Según el Índice Global de Impunidad México 2018, (IGI-Mex) que publica la Universidad de las Américas, México como el cuarto país a nivel mundial con mayor impunidad y el peor del continente americano. El 93.7 por ciento de los delitos no se denuncian y por lo tanto quedan impunes de forma automática. En 2016 se abrieron un millón 532 mil 313 averiguaciones y carpetas de investigación en las agencias del Ministerio Público de todo el país por denuncias de algún delito. En ese mismo lapso 172 mil 695 carpetas fueron consignadas/judicializadas ante un juez penal y hubo 54 mil 818 sentencias (contando condenatorias y absolutorios). Lo anterior significa que apenas en el 11 por ciento de los delitos que sí se denuncian (y que de por si son minoría) terminan con una investigación que es enviada ante el juez, y menos del 4 por ciento de ellos finaliza con alguna sentencia, es decir, con algún resultado. Por eso decimos que resulta de particular importancia que se combata la impunidad permitiendo que haya transparencia en la forma de actuar de los funcionarios involucrados en la procuración e impartición de justicia, estableciendo los mecanismos que permitan revisar la actuación de nuestras procuradurías. Pareciera mas más sencillo conocer si la actuación de un juez se apegó o no a derecho, que comprobar si un Ministerio Público deliberadamente no aportó determinados elementos probatorios o que no presentó adecuadamente los alegatos para lograr una consignación de un delincuente, pues siempre tendrá la salida fácil de que no existen más pruebas que aportar para lograr una sentencia condenatoria. Mientras las cosas no cambien, seguiremos padeciendo abogados que sobornan a las autoridades, clientes que prefieren un mal arreglo o que buscan seguir delinquiendo o autoridades que obtienen jugosas ganancias a cambio de acelerar sus investigaciones; o bien, por equivocarse en la integración de expedientes para liberar a los delincuentes, y fabricarle delitos a las personas que se niegan a “aceitar la justicia”. * El autor es asesor empresarial en cabildeo.

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