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Columnas Punto de Inflexión en política gubernamental

Casillero

Por Ignacio Calderón Tena

“Los empleos públicos pertenecen al Estado; no son patrimonio de particulares. Ninguno que no tenga probidad, aptitudes y merecimientos es digno de ellos.” Simón Bolívar No cabe duda que estamos por presenciar un auténtico golpe de timón respecto a la forma como se hacía política en México. Para bien o para mal, a partir del 1 de diciembre habrá un antes y un después de esta elección, con temas que se antojan difíciles, pero en muchos casos esperanzadores de que se pueden cambiar las viejas y viciadas prácticas de antaño. Se trata pues del cambio más profundo y más acelerado de la política mexicana del que tengamos memoria. Efectivamente, después del parteaguas electoral pasado, muchas cosas cambiarán y estará en nosotros, los ciudadanos o los grupos organizados, participar para que esos cambios se den de una manera ordenada y sobre todo sin sobresaltos. Una de las propuestas que más me llaman la atención, tiene que ver con la reducción de sueldos, prestaciones y privilegios de los altos funcionarios, cuestión que no solamente ayudará con algunos ahorros, sino que, sobre todo, mandará un claro mensaje respecto de que trabajar en gobierno no es sinónimo de opulencia. La reducción salarial en el Poder Ejecutivo e incluso en el Legislativo, se antoja fácil, sin embargo lo complicado será hacerlo en el Poder Judicial y en los órganos autónomos, pues su disminución amerita una reforma constitucional, que evidentemente se tienen los votos para hacerlo, pero a simple vista se percibe una feroz reticencia de los grandes usufructuarios de estas viejas prácticas, como son el presidente de la Suprema Corte o el Consejero Presidente del INE, que justifican lo injustificable de sus descomunales salarios. Reducir a la mitad los salarios de quienes ocupen los puestos más altos en el Gobierno, a la par de privarlos de las prestaciones a que han estado habituados durante años, exigirá de los servidores públicos una probada disposición de trabajo más allá de sus capacidades y conocimientos y de cualquier pretensión material. Quienes por amor a la patria y auténtica vocación por el servicio público estén dispuestos a colocarse en esa tesitura deberán cubrir sus gastos personales incluidos los seguros médicos privados o en su caso recurrir a los servicios de seguridad social que el Estado les brinde, teniendo en claro que ni ellos ni sus colaboradores podrán valerse de sus posiciones para obtener beneficio alguno más allá de su salario y prestaciones básicas. Sin embargo, este proyecto no estará completo si no incluye la obligación de que cada funcionario tribute de la misma manera que lo hacemos los que estamos en la iniciativa privada, pues ellos solo pagan impuestos por el sueldo y no por el sobresueldo y sus compensaciones, mientras que los demás ciudadanos pagamos por cualquier concepto de ingreso. Apoyemos estas medidas que, en justicia, nos ayudarán a que todos aportemos equitativamente al gasto público y sobre todo, que seamos iguales ante la ley. *El autor es asesor empresarial en cabildeo.

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