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Por José Luis Contreras

En México, el costo de la democracia es muy alto, si tomamos como referente el costo de los principales actores políticos que definen y administran los procesos electorales de nuestro país. El proceso electoral de este año tendrá un costo superior a los 28 mil millones de pesos. Claro, será el mayor evento electoral en toda la historia porque se han preparado las condiciones para que concurra a votar un porcentaje importante de los 80 millones de mexicanos inscritos en el padrón electoral. En la historia de los procesos electorales, hemos tenido concurrencia a las urnas no mayores al 60 por ciento de los inscritos en el padrón electoral; si tomamos en cuenta ese indicador podremos esperar que este año concurran a las urnas poco más de 51 millones de ciudadanos con derecho al voto. En base a lo anterior estimamos que el costo promedio del voto de cada ciudadano es de aproximadamente 560 pesos, solo si consideramos el gasto ejercido en el proceso electoral este año. Ahora bien, como está distribuido este costo de 28 mil millones de pesos para 2018, se distribuye como sigue: INE, 17 mil 426.4 millones, Tepjf (Tribunal Electoral): 6 mil 703.0 millones, y partidos políticos: 3 mil 893.2 millones de pesos. En base a estas cifras derivadas del Presupuesto de Egresos de la Federación, el presupuesto de 2018 para el INE también es el más alto de la historia en un año electoral. El gasto asignado para este año es 34.11% más alto que el de 2012, cuando se destinaron 15 mil 953 millones de pesos para el gasto de este organismo y 50.88% más que el de 2006, cuando se entregaron al entonces Instituto Federal Electoral (IFE) 11 mil 892 millones de pesos. Es importante observar que no obstante el incremento desproporcionado en las partidas presupuestales para el INE, los niveles de participación de la población siguen registrando un alto nivel de abstención, lo que refleja poco interés de la población, ya sea por problemas de credibilidad en el proceso o por los problemas sociales que vive el país y lo ha llevado a desconfiar de la política y de sus actores, principalmente de los partidos políticos. Integralia, organismo que se ha dedicado profesionalmente a analizar este tipo de procesos, observa que la participación ciudadana en los procesos electorales ha disminuido, conservando esa tendencia en los últimos años. Así tenemos que en 2012 se registró un promedio de participación de 62.22%, en tanto en 2015, solo acudió a las urnas el 49.31%. Entre los jóvenes se observa un mayor grado de abstención. En el grupo de 18 a 19 años la participación pasó de 62.03 a 44.21%, mientras que en el grupo de 20 a 29 años cayó a 35.66% en 2015 desde 53.11% en 2012. En esta elección se espera que 3.8 millones de ciudadanos voten por primera vez y la participación de los jóvenes será relevante, ya que el 29% de la lista nominal está compuesto por ciudadanos menores a 29 años. Si la tasa de participación en las elecciones es baja se incrementa el costo del proceso electoral. Y, de darse este fenómeno, debe ser objeto de preocupación porque estamos observando que no obstante que el costo de los procesos se incrementa, el nivel de participación va a la baja, incrementando el costo unitario del voto, que –como se menciona al inicio de esta nota– pudiera llegar a los 560 pesos cada uno. Soy consciente de que la construcción de la democracia en México es una tarea, además de necesaria, urgente, y demanda la participación de todos los mexicanos. Pero esa participación debe ser con responsabilidad y exenta de intereses sectarios o de grupo. No descalifico, por ningún motivo, el proceso electoral ni a las instituciones responsables que lo están manejando, por el contrario, considero que es importante que sostengamos un sistema de elección donde los ciudadanos tengamos la libertad de elegir quien sea nuestro presidente, nuestro gobernador, nuestro alcalde, nuestros diputados y senadores. Es importante que fortalezcamos las instituciones encargadas del proceso, dándoles autonomía y ciudadanizándolas, ante el creciente desgaste de los partidos políticos participantes en el proceso. Es importante abrir los espacios de participación y eso inicia por la revisión y modificación de la ley general que regula a los partidos políticos y limitar el acceso a los recurso públicos a través de las bancadas partidistas para asignarse cada vez mayores partidas presupuestales que los ha convertido en verdaderos negocios, de ahí la razón por la que se cierran los espacios a los ciudadanos. Menos recursos a los partidos políticos y mayor participación de organismos ciudadanos en las elecciones con sus candidatos, se traducirá en más personas en las urnas, mayor nivel de participación y una mejor democracia, una dignificación de la política y un menos costo del voto. * El autor es economista de profesión, fue presidente del Colegio Estatal de Economistas y vicepresidente del Colegio Nacional de Economistas.

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