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En plena elección de magistrado numerario, cuentan las malas lenguas que algo se cocina en el Congreso del Estado, pues desde el lunes, familiares de diputados han ingresado a la nómina del Poder Judicial. Ese mismo lunes, por lo menos 17 empleados de confianza fueron avisados que sus servicios ya no eran requeridos, pues sus oficinas y cubícul os ya eran ocupados por otros nuevos prospectos, de apellidos Arango, Tolento o Vaca, otros más comadres y parientes de otros diputados. Se escucha en las esbeltas paredes del Poder Judicial que es un “cambio de cartitas” para que le puedan dar entrada a Marcelino Zepeda Berrelleza, quien dicen es muy buen amigo de Juan Salvador Ortiz Morales, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta semana se llevó a cabo la sesión extraordinaria en el Congreso donde él fue uno de los que se disputa la silla, junto con María de Lourdes Molina Morales, que deja el magistrado Félix Herrera Esquivel, aunque ninguno de los dos alcanzó la mayoría absoluta en las votaciones. Los empleados a los que les dijeron adiós de manera intempestiva se encuentran muy molestos, pues algunos de ellos han hecho extensivas guardias para atender las audiencias en el Sistema Penal Acusatorio en los últimos días. Peor aún, que a todos les dijeron adiós y gracias, pues no ven que en un futuro inmediato les puedan pagar un finiquito. A algunos han tardado hasta un año para ver algo de dinero en este tipo de “despedidas”. Será hasta casi dentro de un mes que se sepa lo que va a pasar con el nuevo magistrado numerario, pues el Congreso no se puso de acuerdo y mandó al Consejo de la Judicatura a volver a mandar una lista de aspirantes, en los que otros jugadores podrán entrar al campo. Salvados por la campana Sin duda alguna la detención del presunto traficante de totoaba y presunto asesino de un militar en el puerto de San Felipe fue una noticia que acaparó los reflectores nacionales y el tema tuvo cabida en los espacios del país. Pero lo que se convirtió en una nota bomba a favor, se volvió en contra, luego de que en audiencia de vinculación a proceso, el juez determinara que la manera de actuar de la Policía Estatal Preventiva no concordaba para nada con el reporte realizado. Ya que el reporte señalaba que se encontraban sobre la carretera y en el interior había armas, pero evidencias mostradas en la audiencia, mostraron que los 3 detenidos habían sido sacados con violencia de su domicilio. Si bien el presunto asesino del militar se mantiene tras las rejas debido a la orden de aprehensión por el homicidio de un militar, el mal actual de los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a cargo de Gerardo Manuel Sosa Olachea pudo haber ocasionado un problema mayúsculo y por lo pronto dicha corporación ya fue exhibida a nivel nacional por la mala detención realizada, ahora habrá que ver que ocurre con el director de la Policía Estatal Preventiva y los agentes que participaron en el operativo.

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