Instruye gobernadora Marina del Pilar revisión tras lista de la OFAC y la remisión de expedientes a la Secretaría Anticorrupción
La gobernadora instruyó revisar si empresas señaladas por la autoridad estadounidense tuvieron contratos con el Gobierno de Baja California y enviar los expedientes a la Secretaría Anticorrupción.

Tijuana BC.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor de Baja California revisar si las empresas recientemente incluidas en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos tuvieron contratos con el Gobierno del Estado.
La mandataria también ordenó remitir los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que determine las acciones que correspondan conforme a la ley.
La instrucción ocurre después de que la OFAC anunciara el 29 de septiembre sanciones contra 21 personas y 25 empresas que, según el Departamento del Tesoro estadounidense, están vinculadas con redes del Cártel de Sinaloa.
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¿Qué pasará con los contratos de empresas señaladas por OFAC?
Ávila Olmeda sostuvo que las contrataciones realizadas anteriormente se llevaron a cabo con base en la información disponible, el padrón de proveedores y las restricciones jurídicas vigentes en el momento en que se realizaron los procedimientos.
Cuando se contrató, se hizo conforme a la información y la situación jurídica entonces disponibles. En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos”
Agregó que, ante la nueva información, el Gobierno estatal revisará los antecedentes contractuales para determinar si existió alguna vulneración o riesgo operativo o patrimonial y, en su caso, dar vista a las autoridades correspondientes.
Gobierno de BC impedirá nuevas contrataciones
Como medida preventiva, la gobernadora determinó que ninguna persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas podrá participar en licitaciones estatales mientras no aclare y resuelva formalmente su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
El Gobierno estatal señaló que algunos de los contratos bajo revisión corresponden a equipamiento, suministros e infraestructura técnica para el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad pública.
La administración estatal sostuvo que el resguardo, custodia y administración de los sistemas y bases de datos institucionales corresponden exclusivamente al personal facultado de las corporaciones de seguridad.
FGE tiene autonomía para sus contrataciones
El Gobierno de Baja California también precisó que organismos como la Fiscalía General del Estado (FGE) cuentan con autonomía constitucional, presupuestal y de gestión administrativa para realizar sus procesos de compra y resguardo documental.
Lo responsable es revisar, documentar y actuar. Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”


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