Estire y afloje en la transición

Mientras sigue el jaloneo entre un grupo de regidores y la alcaldesa Montserrat Caballero, el alcalde electo Ismael Burgueño mandó un escrito para intervenir ya en las decisiones importantes de gobierno.

En un documento enviado a la Alcaldesa, al Síndico, a los regidores, a la síndico entrante y al Secretario de Gobierno del Ayuntamiento, Burgueño pide que un representante que él designe participe ya en decisiones como adquisiciones, arrendamientos, contrataciones y licitaciones.

Además dice que está prohibido otorgar bases en este periodo, así como concesiones o permisos sobre bienes del municipio.

Agrega que no podrán contratar obligaciones a corto plazo con instituciones financieras.

Designó a Alejandro Rivero Huerta como testigo para participar en todos los procedimientos de contratación, adquisiciones o arrendamiento, entre otros.

Este documento viene luego de que varios regidores no han acudido a Cabildo para evitar votar y aprobar por varios acuerdos que propone la Alcaldesa.

Entre esos está la adquisición de un lugar para los Bomberos, mismo que actualmente rentan.

Ayer, esos ediles convocaron a una rueda de prensa, pero salieron literalmente huyendo antes de que empezara señalando amenazas.

Y es que dicen que les iban a mandar un notario público para que se presentaran de manera obligatoria a la sesión de Cabildo convocada para ayer mismo.

Por su parte, la Alcaldesa por la tarde, a través de sus redes sociales dijo que la sesión de Cabildo se suspendió por falta de quórum.

Algunos regidores comentaron que están sintiendo presiones como solicitudes de transparencia sobre sus gastos, les han restringido el pago de gasolina y los pagos a asesores, entre otros.

Irregulares

Tras el vencimiento del plazo para la revalidación de placas y tarjeta de circulación, desde el martes se empezaron a dejar ver en las calles y avenidas de Mexicali, Tijuana, Ensenada y el resto de los municipios las unidades de Verificación Fiscal Vehicular, para “cazar” a los automovilistas cuyas placas estén vencidas.

Hay quienes piensan que ese tipo de acciones no son equitativas, puesto las volantas solo se van tras los automovilistas morosos cautivos, es decir, los que están dados de alta ante las autoridades estatales, pero quienes portan los engomados o “placas” de las organizaciones supuestamente defensoras del patrimonio familiar, como Anapromex, Onappafa, Condefa, Amopafa, entre otras decenas, no los tocan ni con el pétalo de una notificación, ni qué decir de una multa o mucho menos el embargo.

Incluso, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la idea en una de sus conferencias de “regularizar” los autos “chocolate”, introducidos al país de contrabando, supuestamente era para dar oportunidad a los propietarios de “enderezarlos” sin el pago de impuestos aduanales, sino simplemente los pagos a los estados y municipios.

Pero como dice el dicho, el Presidente les dio la mano y le agarraron el pie, porque tras quince meses del programa de regularización, aunque han “enderezado” a miles de autos “chocolate”, siguen apareciendo más y más vehículos de contrabando con el supuesto amparo de esas organizaciones o incluso con placas de algún estado de los Estados Unidos, sin que los moleste la Policía Municipal, la Fiscalía del Estado o la Guardia Nacional, aun cuando también circulan por las carreteras federales.

Pero… si un automóvil registrado legalmente se atrasa un día sin placas, aparecen las jaurías de autoridades con multas, requerimientos, gastos de ejecución, notificaciones a domicilio o en las calles e incluso amenazas de embargo.