Pretende albazos

Dicen que de los arrepentidos se vale Dios… quizá por eso la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown Figueredo, anda pensando en que tal vez sea una buena medida regresar a los regidores de oposición el derecho que tenían para que por voto calificado, se elijan tesorero, secretario de seguridad ciudadana, secretario general y delegado y no que sea por voto mayoritario, como ella lo impuso.

Y es que hay que recordar que al iniciar su segundo mandato modificó el reglamento interior del ayuntamiento, ya que no contaba con el voto calificado para imponer a su secretario de seguridad Francisco Arellano, lo que le valió una solicitud de juicio político en el Congreso del Estado, por parte del bloque opositor en el Cabildo, el cual por cierto sigue durmiendo el sueño de los justos.

Pero eso no es todo, pues antes de tomar su lugar en la Cámara Baja, quiere hacer realidad la propuesta del excandidato priista a la alcaldía Fernando Serrano, para crear una coordinación de mercados sobrerruedas y sacar a los líderes de la jugada y que sea el ayuntamiento el que ponga orden en espacios otorgados y negarles los cobros que hacen a los “agremiados”, será porque apoyaron a Rocío Adame. Es pregunta.

Pero por ahora, trae todo un relajo, pues a como dé lugar, pretende otorgar una concesión a la empresa Promotora Ambiental de La Laguna, para que ofrezca los servicios de tratamiento, aprovechamiento y disposición final de los servicios sólidos, urbanos y de manejo especial es decir, el uso del relleno sanitario.

Lo “raro” de todo esto, es que sobre las rodillas se ha hecho el contrato que sería por 20 años, el cual tan solo en un día se modificó cinco veces, así ha de estar, tan así que el síndico de Rosarito, Jaime Ibarra pidió que se borrara su nombre del contrato, ¿por qué será?

SE LE VOLTEAN REGIDORES

Habrá que ver qué pasa este miércoles y si logra Brown Figueredo reunir los votos que necesita, por lo pronto la regidora morenista Stephanie Gay no se presentó a la sesión del Cabildo y según se asegura hay otros ediles del mismo partido que no están muy convencidos de levantar la mano para aprobar la propuesta, pues para nadie es desconocido que Araceli Brown no tiene muy buenas migas con la alcaldesa electa Rocío Adame.

Por cierto, este martes, el Comité Pro Municipio, realizó un evento para premiar a estudiantes que participaron en un concurso de redacción, en el marco de los festejos de la municipalización de Rosarito y a éste llegó la alcaldesa electa, pero sólo a la puerta, pues al enterarse que Brown Figueredo estaba en el sitio, mejor optó por retirarse, quizá por aquello de los encuentros fortuitos no deseados.

LOS CAMBIOS

“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar” reza un viejo refrán. Y precisamente así deberían estar en el Poder Judicial del Estado, donde firma como presidente el magistrado Alejandro Isaac Fragozo López, porque si la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es aprobada por su mayoría calificada en el Congreso, esto se debe replicar en todos los poderes judiciales de los estados.

Tal como se ha comentado, la propuesta que quiere sacar adelante el presidente para reformar el Poder Judicial de la Federación, para echar a la calle a mil 600 Jueces de Distrito, Magistrados y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es para elegir esos cargos por medio del voto popular del pueblo “bueno y sabio”.

Pues bien, si la aplanadora morenista en el Congreso y sus apéndices aprueban la reforma de marras, en el octavo artículo transitorio se indica que “el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas tendrán un plazo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto para realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que correspondan para dar cumplimiento a ésta”.

Así que la misma receta aplicada por el mandatario López Obrador se tendrá que aplicar para el Poder Judicial del Estado de Baja California, por lo que Jueces y Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado podrían empezar a buscar otra chamba.